Los 56 venezolanos fueron embarcados en un avión de la aerolínea Sky en Santiago que, tras una escala en la norteña Iquique, iría directamente a Caracas.
El ministro del Interior, Rogelio Delgado, afirmó en el aeropuerto de Santiago que entre los deportados había “personas ligadas al tráfico de menores, al tráfico de drogas, hay personas condenadas por robo con violencia” y también quienes “entraron de manera clandestina a Chile”.
El funcionario aseguró que “el proceso se lleva a cabo siguiendo cada detalle de la legislación vigente, de los acuerdos internacionales, y además se hace, en este caso, en concordancia con las autoridades de Venezuela, siguiendo los protocolos, siguiendo las indicaciones y recomendaciones de la ONU”.
El hecho de que el operativo se haya realizado durante un fin de semana —el anterior también se efectuó un domingo, el 25 de abril— “tiene que ver con disposiciones logísticas, de vuelo, sanitarias y de distinta índole”, explicó Delgado.
La Corte de Apelaciones de Santiago, en una sesión de emergencia, obligó al gobierno a frenar la expulsión de una ciudadana venezolana por no haberle otorgado “el plazo razonable para preparar su defensa y responder adecuadamente, ni la oportunidad para producir y refutar pruebas”.
El operativo fue cuestionado por los obispos católicos de la región norteña Antofagasta y por el Servicio Jesuita Migrante (SJM).
“Hemos observado con mucho pesar las situaciones de detención y deportación que han sufrido personas migrantes, principalmente de nacionalidad venezolana”, dijeron los obispos.
Los prelados reclamaron “el respeto al imperio de la ley”, especialmente “cuando se trata de medidas que afectan la libertad ambulatoria de las personas” y cuando “las condiciones para salir de Chile a otros destinos siguen siendo sumamente difíciles y costosas a causa de la pandemia”.
A su vez, el SJM dijo que veía “con indignación cómo familias y niños pequeños ingresan a despedirse de personas migrantes que serán expulsadas colectivamente”.
En tanto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos interpuso cuatro recursos de amparo a favor de inmigrantes venezolanos, invocando el derecho de reunificación familiar.
Chile deportó el 11 de febrero a 138 inmigrantes —la mayoría venezolanos y colombianos, pero también bolivianos y peruanos— y el 25 de abril hizo lo propio con 55 venezolanos, a todos los cuales acusó de haber ingresado ilegalmente y de otros delitos más graves.
En aquellas dos ocasiones los embarcó en Iquique, hasta cuyo aeropuerto fueron llevados en operativos espectaculares, vestidos con mamelucos blancos, capuchas y mascarillas, esposados y cada uno acompañado por un policía.
El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, indicó que el gobierno del presidente Sebastián Piñera pretende deportar a unos 1.500 extranjeros este año. El año pasado fueron expulsados 1.365.
