El proyecto de ley establece que las vacunas deberán ser aprobadas previamente por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), reguladora del sector en el país, y que el 50% de las dosis adquiridas deberán ser donadas a la red de salud pública.
Casi un año después de haber registrado el primer caso de coronavirus, Brasil roza las 250.000 muertes y los 10,4 millones de contagios. Han sido vacunadas, hasta el momento, unas seis millones de personas, las cuales representan en torno al 3 % de una población de 210 millones de habitantes.
La iniciativa, la cual cuenta con el apoyo del Gobierno de Jair Bolsonaro, fue promovida por un grupo de grandes empresas privadas. Estas, pretenden inmunizar a sus empleados para recuperar cuando antes sus actividades productivas.
El proyecto deberá ser analizado por la Cámara de Diputados y se presume que tendrá el apoyo de la mayoritaria base oficialista.
Sin embargo, la desconfianza en relación a la gestión del Gobierno, su respuesta a la pandemia y al programa de vacunación crece, ya que en casi todo el país la campaña de vacunación ha sido virtualmente suspendida. Las dosis están agotadas y no se ha retomado su distribución.
Hasta ahora, en Brasil solamente se aplican la vacuna desarrollada por AStraZeneca junto con la Universidad británica de Oxford y las del laboratorio chino Sinovac.
Con respecto a estas, hay un acuerdo de cooperación con el Instituto Butantan, de Sao Paulo. Este, envasa la llamada Coronavac y sólo comenzará a producirla localmente hacia fines de este año.
Con la vacuna de Astrazeneca existe un convenio similar con el Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz) de Río de Janeiro, el cual también prevé este mismo año comenzar a producirla en sus propias plantas.
A pesar de que ambos institutos brasileños no están en condiciones de iniciar su propia producción y a las dificultades de entrega a nivel internacional, el Ministerio de Salud asegura que este año inmunizarán a la totalidad de la población.
La incertidumbre respecto al plan de inmunización llevó a la Corte Suprema a permitir que los Gobiernos regionales y municipales adquieran vacunas por su propia cuenta, en caso de que el Ministerio de Salud no les suministre las vacunas suficientes.
Esta decisión respondió a una acción presentada por el Colegio de Abogados, frente a la errática gestión de la pandemia de coronavirus por parte del Gobierno presidido por Bolsonaro.
Según la Corte Suprema, en el caso de que el Gobierno federal (a través del Ministerio de Salud) no suministre las vacunas necesarias, las administraciones regionales y municipales podrán negociar de manera directa con los laboratorios.
La única condición será que esas vacunas hayan sido aprobadas previamente por "reconocidas agencias internacionales", aun cuando todavía no cuenten con el aval de las autoridades sanitarias brasileñas.
Además, la polémica gestión de la crisis sanitaria llevó a la Fiscalía, con el aval del Supremo, a iniciar una investigación en torno a supuestas "omisiones" del Ministerio de Salud en el combate a la pandemia y el uso de medicamentos de dudosa eficacia en la red sanitaria pública.
