La decisión, que había sido adoptada el 6 de julio por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), fue cuestionada en la justicia por la Universidad de Harvard y el MIT, con el apoyo de otras universidades, sindicatos de profesores y 18 estados, a los que se sumó también el Distrito de Columbia (Washington DC).
"Las partes llegaron a una solución (...) el Gobierno aceptó anular la decisión", indicó la jueza Allison Burroughs en una breve audiencia que debía tratar la demanda de las dos casas de estudio mencionadas. La magistrada precisó que el entendimiento se alcanzó "en menos de cinco minutos". Un abogado que representa al Departamento de Seguridad Nacional y al Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos sólo se limitó a decir que la caracterización de la jueza era correcta.
Las universidades sostuvieron en su demanda que la orden perjudicaría "inmensamente" a los estudiantes, tanto en el plano personal personal como el financiero. Según el Instituto de Educación Internacional (IIE), en el año académico 2018-19 hubo más de un millón de estudiantes internacionales en los Estados Unidos.
La medida implicaba que no se expedirían nuevos visados a los alumnos de las universidades que planeen impartir todas sus clases online. Los estudiantes que ya estuvieran en los Estados Unidos se habrían enfrentado a la deportación si no se transferían de casa de estudios o dejaban el país voluntariamente.
"Estudiantes con visas de no inmigrantes F-1 y M-1 que estén enrolados en instituciones que operen completamente en forma online no podrán cumplir su carga requerida de clase de esta forma y permanecer en los Estados Unidos", había indicado el ICE en un comunicado.
La decisión fue considerada como un intento del presidente Trump para presionar a las instituciones educativas que están adoptando un enfoque cauteloso a reabrir en medio de la pandemia mundial de COVID-19. Muchas universidades y centros de enseñanza anunciaron que no retomarán las clases presenciales cuando comience el próximo curso lectivo en septiembre, en momentos en que todavía no hay vacuna contra el COVID-19 y los casos están en alza especialmente en las regiones sur y oeste del país.
De haber seguido las medidas en pie, también las universidades se hubieran perjudicado económicamente, considerando que muchas dependen de la matrícula de los estudiantes internacionales.
Harvard y el MIT fueron los primeros en impugnar la política, pero al menos otras siete demandas federales fueron presentadas por universidades y estados que se oponían a la regla. Más de 200 escritos firmados en apoyo del reclamo por parte de Harvard y el MIT fueron presentados ante la Justicia. Tras el acuerdo, el ICE volverá a los lineamientos que emitió en marzo, que permiten a los estudiantes que toman cursos en línea residir en los Estados Unidos con visas F-1.
