Internacionales Afectaría la soberanía

Nueva pastera: Los términos del contrato entre UPM y el gobierno de Uruguay

Afirman que el contrato es perjudicial porque afecta la soberanía y abre la puerta a una retirada de la pastera sin invertir un peso. Dicen que el documento se firmó y modificó en secreto entre el Ejecutivo y la empresa. Los detalles
Desde los grupos ecologistas remarcaron que se acaba de firmar un nuevo acuerdo al que describen como claramente perjudicial porque afecta la soberanía y abre la puerta a una retirada de la pastera sin invertir un peso.
Hoenir Sarthou, abogado, docente de Filosofía del Derecho e integrante del Movimiento Ciudadano UPM2 No, accedió al nuevo contrato entre las partes que derivó en el anuncio de una inversión de 2700 millones de dólares para montar la segunda pastera en ese país y la más grande del mundo.

Sarthou le confió a R2820 que "hay un nuevo contrato que se firmó el 15 de julio pasado por el cual se modificaron las condiciones y UPM se reserva el derecho a rescindirlo en cualquier momento con un preaviso de un año antes. Es decir, se puede desligar sin invertir ni un peso y sin pagar una indemnización".
Certificar incumplimientos
Para el abogado, "este punto convierte al anuncio en papel pintado porque UPM no se compromete a nada, pero Uruguay no puede renunciar, salvo tras certificar incumplimientos de UPM".
"Esto no fue publicitado por la Presidencia. Sin dudas, este anuncio de UPM2 le sirve al gobierno para dar una imagen de éxito a pocos días de las elecciones y, a Botnia, para subir el valor de sus acciones. En la realidad, con ese documento no se comprometen a nada", subrayó Sarthou.

Desde el Movimiento UPM 2 entienden que sólo existe la novedad de localización en Pueblo Centenario, un contrato donde el Estado Oriental se compromete a invertir en infraestructura a favor de la empresa finlandesa y la pastera tiene la posibilidad de desinvertir con un preaviso de un año.
La entrega de la soberanía
Tal como se modificó este acuerdo en absoluta reserva, para Hoenir Sarthou se trata de "un gol en contra desde el punto de vista de la soberanía y del orden constitucional porque se hizo sin aprobación parlamentaria. Se firmó y modificó en secreto entre el Poder Ejecutivo y la empresa. Sólo nos enteramos cuando fue anunciado".

Esta lógica "cambia radicalmente el sentido: todo el contrato es inconstitucional; desborda los alcances del Poder Ejecutivo; afecta la soberanía porque las políticas de Uruguay quedan sometidas a la presión de UPM y Uruguay no tiene herramientas para hacer valer las inversiones porque no son obligatorias", enumeró a R2820.
Promoción del modelo
En la sociedad oriental hay una división marcada sobre el proyecto pastero porque se constató que las promesas con la llegada de UPM a Fray Bentos no se plasmaron en una realidad concreta. En ese contexto, en el Movimiento UPM2 No "pesa el aspecto económico y ambiental; el sometimiento soberano y lo más asombroso es el peso que tiene para la sociedad que UPM esté metida en las escuelas y los liceos promocionando el modelo forestal, llevando los niños a la fábrica de Fray Bentos o las plantaciones. Ósea hay una colonización mental de los niños y eso está avalado en el contrato original y por el propio Estado", denunció Sarthou a R2820.
Inversión privada
"Luchamos contra el desconocimiento de la población porque el gobierno presenta el contrato como la mayor inversión privada de la historia. En realidad, es la mayor inversión pública en infraestructura: Uruguay pone más dinero que UPM porque le garantiza trenes, energía y más caudal de agua en el río Negro", precisó.
Aparte hay "incredulidad" de la gente. Recién cuando se publicó el primer contrato algunos creyeron el verdadero contenido de ese acuerdo.
Una demanda en marcha
El 15 de agosto a las 12.30 habrá una audiencia de conciliación previa a una demanda contra UPM y el Poder Ejecutivo que promueve el Movimiento Ciudadano UPM2 No para iniciar un juicio donde se los "demande responsables a futuro de los daños que cause el proyecto", puntualizó el abogado a R2820.

Hoenir Sarthou explicó que la demanda judicial se sustenta en que el acuerdo "van a endeudar al país en más de 4 mil millones de dólares; se colocará la planta -que es una nueva fuente de contaminación- en uno de los ríos internos más grande de Uruguay que ya está contaminado y eso es alarmante desde el punto de vista ambiental; pero además se entrega el país a un modelo global económico que destruye la soberanía nacional".
Contrato complementario:

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