Internacionales El conflicto en España

Procesan por el delito de rebelión a Puigdemont y otros 12 políticos catalanes

Piden prisión para Jordi Turull, y podría quedar trunca su aspiración de convertirse en presidente catalán. Los argumentos del juez sobre el procesamiento de los políticos independentistas y la solicitud de prisión de la Fiscalía.
El Tribunal Supremo español informó hoy el procesamiento por delito de rebelión contra el ex presidente Carles Puigdemont y otros doce políticos catalanes, entre ellos el ex vicepresidente Oriol Junqueras, el actual candidato a la investidura Jordi Turull y la recién huida Marta Rovira.
A raíz del procesamiento, la Fiscalía pidió el ingreso a prisión de Turull, con lo que en las próximas horas podría quedar trunca su aspiración de convertirse en presidente catalán en segunda votación este sábado, luego de fracasar ayer en el primer intento.

El juez de instrucción Pablo Llarena, a cargo de la causa por el fallido proceso de secesión, procesó por el delito más grave -la rebelión está penada con 30 años de cárcel- a Puigdemont, Junqueras y un total de siete ex consejeros del gobierno catalán.
También imputó el mismo delito a Carme Forcadell, la ex presidenta del parlamento regional, y los líderes sociales Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, ex presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural, respectivamente.
Los siete ex consejeros imputados por rebelión son Turull, Joaquim Forn, Raúl Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Antonio Comín y Dolors Bassa.
Puigdemont, Comín y Ponsatí se encuentran prófugos de la Justicia en el extranjero -hoy se les sumó Rovira-, mientras Forn está en la prisión, al igual que Junqueras y Jordi Sánchez y Cuixart.
El resto podrían ingresar a la cárcel hoy mismo si el juez Llarena satisface el pedido de la Fiscalía, que entiende que existe riesgo de fuga y reiteración delictiva, publicó Télam.
En la resolución que confirma el procesamiento de los políticos independentistas, el juez relata que el proceso de secesión fue "concertado entre partidos políticos y entidades soberanistas para llevar a cabo la ejecución de un plan predeterminado con el objetivo de declarar la independencia de Cataluña, al margen de la legalidad vigente".

Al justificar el delito de rebelión, el magistrado explica que tanto Puigdemont, Junqueras, como Forn, quien estaba al frente de Interior, sabían antes del referéndum del 1 de octubre que ese día se podía producir una "escalada de violencia", y pese a la advertencia de la policía "decidieron que la votación debía celebrarse".
El referéndum, que se llevó a cabo bajo prohibición y en medio de la represión policial, dio la victoria a los secesionistas, que luego utilizaron el respaldo para declarar la independencia unilateral el 27 de octubre en el parlamento regional.
A Turull, ex vocero del gobierno catalán, el juez le atribuye la responsabilidad de impulsar la movilización, el diseño y la gestión de la publicidad del referéndum; así como la coordinación de la infraestructura informática y el reclutamiento de miles de voluntarios que permitieron celebrar la votación.
Respecto de Forcadell, el juez sostiene que tuvo "una participación medular" en el proceso desde los primeros momentos hasta que se convirtió en presidenta del parlamento, desde donde "sometió a la decisión de los diputados la aprobación de la legislación de soporte que sirve de coartada legitimadora al proceso, aun contrariando para ello las reiteradas prohibiciones y requerimientos del Tribunal Constitucional". Además, señala que su participación "fue de la mano de la violencia manifestada en las últimas fases" del proceso.

A Jordi Sánchez y Cuixart los responsabiliza de haber "aprovechado su notoria capacidad de movilización colectiva -y con la finalidad de propiciar la independencia que ambicionaban-" para lanzar a los independentistas contra las autoridades.
El magistrado califica como "levantamiento violento" la protesta que lideraron ambos contra la Guardia Civil ante un operativo para desbaratar el referéndum.
Los restantes cinco ex altos cargos del gobierno catalán sólo afrontan delitos de malversación de dinero público y desobediencia.
Se trata de Meritxell Borrás, Lluís Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret. También Puigdemont, Junqueras y los siete imputados por rebelión fueron procesados por malversación.
Por el contrario, Llarena dejó fuera del procesamiento al ex presidente catalán Artur Mas, a la coordinadora del PDeCAT (Partido Democrata Europeo Catalán) Marta Pascal, y a la ex presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) Neus Lloveras.
Estos son las únicas tres personas de los 28 que estaban siendo investigados que no son procesados por el proceso de secesión que llevó a la fallida declaración de independencia.
En cuanto a los ex miembros de la Mesa del parlamento catalán -órgano directivo de la cámara- que estaban siendo investigados, salvo en el caso de Forcadell que enfrenta un delito de rebelión, el resto fueron imputados por desobediencia.
Es el caso de Lluís Maria Corominas, Luís Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet.

Finalmente, el juez incluyó en el procesamiento a la ex diputada y dirigente de la Candidatura de Unidad Popular (CUP) Mireia Boya, y la ex vocera del grupo en el parlamento, Anna Gabriel, a quienes imputó el delito de desobediencia.
En el caso de la "número dos" y secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Rovira, quien hoy anunció que ha huido fuera de España, el juez le imputó el delito más grave pese a que no formaba parte del gobierno, ya que considera que tuvo un papel "esencial", tanto en el impulso de las leyes contrarias a la Constitución que pretendían dar sustento a la secesión, como en la organización referéndum del 1 de octubre.

Por otro lado, el magistrado fijó una fianza en concepto de responsabilidad civil por 2,1 millones de euros, una cantidad que deben abonar de forma solidaria entre Puigdemont, Junqueras y los ex consejeros procesados.
El cálculo de la fianza se desprende del dinero público supuestamente gastado por el ex gobierno catalán para celebrar el referéndum de secesión del 1 de octubre, que había sido declarado ilegal por la Justicia. Fuente: (Télam).-
El comentario no será publicado ya que no encuadra dentro de las normas de participación de publicación preestablecidas.

NOTICIAS DESTACADAS