Lula, que aún dispone de recursos para evitar la prisión, fue considerado culpable de haberse beneficiado de un apartamento tríplex ofrendado por la constructora OAS a cambio de su mediación para obtener contratos en Petrobras. La condena inicial era de nueve años y medio de prisión.
Los magistrados del Tribunal Regional Federal nº 4 (TRF4) de Porto Alegre (sur) respaldaron ampliamente las conclusiones del juez Sergio Moro, autor de la sentencia de primera instancia.
El caso se enmarca en la Operación Lava Jato ('lavado a presión', en español), sobre sobornos pagados por constructoras a políticos de todas las tendencias para obtener contratos en la petrolera estatal.
El aumento de la sentencia se debe al agravante de que Lula, por su posición de máximo mandatario de la República, carga con una "culpabilidad extremamente elevada", en palabras del relator Joao Gebran Neto, el primero en votar.
¿Qué implica la condena?
Si bien la legislación contempla la posibilidad de que Lula sea puesto en prisión de manera inmediata, resulta poco probable debido a los distintos recursos de apelación que puede presentar. No obstante, la sentencia supone -de hecho- una inhabilitación para presentarse a las elecciones.
Esto debe ser confirmado por el Tribunal Electoral pero la ley del país sudamericano establece que los condenados por corrupción no pueden aspirar a cargos públicos. De allí la campaña de distintas organizaciones populares que sostienen la consigna de que "Sin Lula, es fraude", en alusión a los comicios presidenciales de este año.
¿Cómo sigue el proceso?
Hasta el momento dos de los tres jueces del tribunal confirmaron la condena. Si el tercer magistrado vota de la misma manera el juicio se dará por terminado aunque Lula puede exigir una revisión y esclarecimiento del fallo por parte de los jueces. Esto impediría que sea puesto inmediatamente en prisión.
Ahora bien, si el último juez falla de otra manera, el expresidente podrá apelar ante la Corte Suprema de Justicia y llevar la causa a una nueva instancia lo cual le permitirá, al menos, ganar tiempo.
La acusación contra Lula
En el juicio celebrado en julio de 2017 el expresidente fue condenado por aceptar un lujoso departamento a cambio de beneficiar a la constructora OAS, con contratos de la estatal Petrobras.
La adjudicación del inmueble, frente a la playa en el Condominio Solaris en Guarujá (municipio del estado de San Pablo), se habría llevado a cabo a través de familiares de Lula. En la denuncia recibida por el juez Moro y avalada por este, se acusó a la empresa OAS de haber pagado a otra compañía para resguardar bienes de Da Silva mientras estuvo en la presidencia.
Sin embargo a lo largo de juicio no se logró demostrar que sea el propietario y mucho menos se identificó cuál fue el acto o la omisión (delito de "corrupción pasiva") que habría dado origen al recibimiento del inmueble.
Protestas en todo el país
A la manifestación que aguardó la sentencia en Porto Alegre se sumaron otras en distintos puntos del país como Fortaleza, Belem y Rio de Janeiro.
En esta última, organizaciones políticas y sociales ocuparon la sede del grupo mediático O'Globo, para denunciar la complicidad de esa empresa con el golpe de Estado contra Dilma Rousseff y el proceso judicial contra Lula.
Quienes se movilizaron en defensa del líder del PT sostienen que este juicio busca, en realidad, impedir que el dirigente se presente a las elecciones presidenciales de este año.
