Institucionales Pandemia

El Tribunal de Cuentas controlará el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid

El organismo realizará un registro de control sobre la cantidad de dosis recibidas, conservación y distribución de las mismas. “Se trata de una auditoria objetiva”, dijo el Titular del Tribunal de Cuentas, a Elonce TV.
El Tribunal de Cuentas de la Provincia será el encargado de verificar la trazabilidad de las vacunas contra COVID-19 remitidas por Nación a Entre Ríos; incluyendo el relevamiento de la registración de las dosis aplicadas, distribución, etc.

“El plan de vacunación se lleva adelante en todas las jurisdicciones del país, y se determinó que sean estos organismos los que hagan un control y seguimiento de la trazabilidad de la vacunación”, dijo el titular del Tribunal de Cuentas, Diego Lara, a Elonce TV.
En este sentido, detalló que “se trata de una auditoria en la que se tiene en cuenta la distribución, logística, mantenimiento, entre otras. Cuando se realice el relevamiento todo va a estar disponible porque es información pública”.
“No se identifica personalmente a quien se vacunó, sino que controlamos que se cumpla la trazabilidad de la logística del plan de vacunación”, sumó.

En tanto, la vocal María de los Ángeles Moia detalló que “el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos participa de una Red Federal de Control Público y en esta ocasión nos pidieron que se realice del seguimiento de las vacunas de coronavirus. En otras oportunidades ya se hicieron cosas similares como el control registral de otras vacunas”.
Y argumentó que “en este caso en particular con las vacunas covid, los controles se realizarán desde el Tribunal de Cuentas, vamos a cruzar información sobre la cantidad de vacunas que se enviaron desde Nación a la provincia, las dosis que se recibieron, y posterior distribución”.
Red Federal de Control Público
La Red Federal de Control Público se instituye como un emprendimiento organizacional que integra y complementa las estructuras estatales de fiscalización y auditoría, con el fin de evaluar el desempeño de los programas sociales ejecutados por las jurisdicciones de carácter nacional. Se constituye además, como la garante de cobertura de control en el ámbito nacional, a través de relevamientos y acciones directas en el campo de ejecución de la política social.

En la actualidad, se encuentra representada la totalidad de las jurisdicciones del país, a las que se han sumado una decena de tribunales de cuentas municipales. Así constituida, en su seno se creó el Comité de Auditoría Federal, integrado por todas las organizaciones adheridas, entre las que designaron como autoridades a la Sindicatura General de la Nación para el ejercicio de la Presidencia, y a la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires y a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Social para ejercer la Vicepresidencia y Secretaría respectivamente.

Se realizan auditorías conjuntas y actividades de intercambio técnico entre SIGEN, las UAI y los órganos de control incorporados. Una de sus mayores fortalezas reside en que las auditorías son realizadas por técnicos de cada jurisdicción, conocedores de la realidad y problemáticas locales, lo que posibilita la creación de un método articulado y federal para un control más eficaz, que atienda a las particularidades de cada región.

El Tribunal de Cuentas de Entre Ríos fue uno de los primeros órganos de control en adherir a la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional en el año 2002, cuando sólo estaba conformada por 10 de los 47 organismos que hoy controlan todos los programas nacionales de inclusión social y de inversión pública en cada provincia.

En Entre Ríos, en los últimos años, se ha incrementado ampliamente la cantidad de programas nacionales que se ejecutan para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, convirtiéndose el TCER en el garante del control en el ámbito provincial y fortaleciendo así la gestión pública de las políticas sociales y la transparencia de las acciones en ese sentido.

La Red Federal de Control Público constituye un instrumento eficaz y permanente para la fiscalización de la gestión pública, con mecanismos de prevención, detección y medición de gran utilidad para la minimización de los riesgos a los que se encuentra expuesta la misma.

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