Las tres instituciones plantean este estudio, ya que la aplicación de alícuotas impositivas en el Impuesto al valor agregado, en el proceso insumo producto de la actividad agrícola, en el contexto actual de costos y rendimientos, solo mantiene su neutralidad en los cultivos que se asientan en la zona núcleo del país y que al aplicarlo en nuestra región, generan saldos técnicos crónicos a favor de los productores que migran al sector público Nacional y por lo tanto, terminan siendo un costo adicional. Como consecuencia se produce un desfinanciamiento del sector productivo, restando recursos a las campañas agrícolas.
"Hoy dimos un paso más en la consolidación de espacios comunes dentro del sector privado. Creemos que es el camino correcto para transformar positivamente nuestra realidad. Firmamos un importante convenio de colaboración y trabajo en conjunto con el propósito de elaborar estudios que permitan medir el impacto de ciertos impuestos en nuestras economías" expresó, Juan Diego Etchevehere, Presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos, quien a su vez añadió: "Sabemos que la presión fiscal, en todos sus ámbitos, es récord, y que ello atenta de manera directa contra la rentabilidad de muchas empresas, el ahorro, las inversiones y la creación de empleo genuino. Pondremos la lupa sobre aquellos gravámenes que generan efectos distorsivos, que impiden el desarrollo de nuestra región y su gente, elaboraremos propuestas y las elevaremos a los órganos de gobierno correspondientes. Haremos nuestro aporte y esperamos que luego también lo hagan las autoridades competentes".
Cabe destacar, que este es el primero de una serie de estudios que se proyectan para otros tributos que generan distorsiones a los largo de las cadenas productivas en la provincia.
Estuvieron presentes Alfredo Calabrese, Alberto Cerini y Santiago Henderson (CEER), Miguel Pacheco (BolsaCER) y Walter Gracias y Omar Cabral (CPCEER).
