Basándose en un precedente de la Corte Suprema de la Nación y Tribunales internacionales, se estableció que la empresa solo debe hacerse cargo si no hace nada luego de ser notificada de la ilicitud sobre lo difundido.
La magistrada Paola Guisado se opuso a esta sentencia, ya que consideró que Google, por una cuestión de responsabilidad "objetiva", debía ser condenada a reparar los daños provocados. Además, incrementó el monto que se había fijado como reparación moral e incluyó otro en concepto de daño punitivo. Los camaristas Juan Pablo Rodríguez y Patricia Castro votaron en contra y finalmente Google quedó absuelto.
La demanda se inició en 2015 cuando la modelo reclamó una reparación económica por el uso de su imagen y nombre asociados a páginas web de pornografía, trabajadoras sexuales y prostitución.
Google respondió que su accionar fue diligente cada vez que Ailén Bechara solicitó que se desvincule su nombre de determinados sitios, con lo que dio cumplimiento a los parámetros que surgen de la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación.
