La orden obliga a la empresa Hidrovía S.A. a “mantener los diseños de obra oportunamente aprobados en cuanto a las profundidades alcanzadas, los veriles y los anchos de solera”, detalló Lucas Micheloud, integrante de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas que había realizado el pedido.
En un contexto de la mayor bajante histórica del río desde 1944 y sin estudios de impacto ambiental, el sobredragado constituye para esta entidad civil “un verdadero crimen ambiental”, y por eso el pasado 11 de junio presentaron una solicitud de acceso a la información pública ambiental ante el Ministerio de Transporte de la Nación y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. “Entendemos que las tareas de sobredragado deben estar autorizadas por el Estado en el marco de la bajante histórica que está atravesando la Cuenca del Paraná, y que requiere de mínima estudios de impacto ambientales acumulativos y eventualmente una evaluación ambiental estratégica. En estas condiciones venimos sosteniendo que es un crimen ambiental, por el grave impacto que de por sí ya tiene el dragado constante, y en este caso el sobredragado, afectando la fauna fluvial, los ecosistemas fluviales, el sistema de humedales, y la calidad del agua que puede perjudicar el acceso para el consumo humano”, apuntó el letrado ambientalista.
Consultado sobre cómo se consiguió que el Estado tomara cartas en el asunto, Micheloud recordó: “A partir de esa presentación que hicimos, el 22 de junio la secretaría de Control y Monitoreo Ambiental nacional nos informó que no tiene la información que les solicitábamos, pero que remitía el reclamo a la empresa belga para recabar la información”. Además el Ministerio de Ambiente le envió una nota a la Subsecretaría de puertos de la Nación para consultarles si era cierto que esta empresa estaba realizando el sobredragado con dos pies más de profundidad. “Una vez que confirma esa empresa al control de puertos, la directora del control de habilitaciones emitió la orden de servicios 218, y ahí es donde le realiza la intimación para que no profundicen. Dice en rigor que debe mantener los diseños de obra oportunamente aprobados, en cuanto a las profundidades alcanzadas, los veriles y los anchos de solera, cualquier modificación, tendrá sanciones previstas”.
Sumado a esto, y en paralelo, este lunes esta asociación impulsora del reclamo recibió un mail del Ministerio de Transporte: “Al fin respondieron el acceso a la información que les requeríamos (hasta ahora solo nos había contestado Ambiente), y nos dicen que consultaron con la Dirección de Control Técnico y Habilitaciones de este ministerio el pasado 7 de julio, y requirió a la empresa concesionaria que se exprese sobre esto, y hasta la fecha no recibieron respuesta alguna”.
Allí les informaron también que iniciaron acciones sumarias en conjunto con el Ministerio de Ambiente para definir si se desarrolló un sobredragado más allá de lo estipulado y sin autorización, y en su caso efectuar sanciones y denuncias pertinentes. “Es decir que esas tareas no han sido autorizadas por el Estado Nacional, y se encuentran en investigación para recabar toda la información necesaria y eventualmente aplicar las sanciones que correspondan y denuncias en el marco de la relación jurídica entre Hidrovía S.A y el Estado Argentino en sus contratos de concesión”.
