En casos de haber aumentos, éstos no podrán aplicarse a los contratos ya firmados desde el primero de julio pasado, dado que se actualizarán anualmente por un indicador que publica el Banco Central. Pero si podrían trasladarse a contratos nuevos o renovaciones.
“La medida va a perjudicar y por eso va a retraer la oferta,”, anticipó Armando Pepe, presidente del Colegio Profesional Inmobiliario de la Ciudad. El empresario cuestionó que se aplique el registro de contratos junto con el decreto que mantiene congelados los precios de los alquileres desde hace casi un año: “Si tengo un inquilino que hace 12 meses que no me paga, ¿Cómo hago para pagar ingresos brutos o impuesto a las ganancias, aunque no haya percibido los alquileres?”, se preguntó.
El año pasado, según Zonaprop, los alquileres subieron 62 por ciento. “Los aumentos que se dieron en los últimos meses fueron reacciones anticipadas frente a la ley por la mayor duración de los contratos y el nuevo índice de incrementos”, agregó la investigadora. Por otro lado, Sacco explicó que en los casos donde los dueños tienen pocas propiedades, facturarlas tiene un costo impositivo bajo.
Luego deberá pagar los ingresos brutos, pero desde este año, la Ciudad de Buenos Aires eximió del pago de este impuesto a los alquileres de hasta 30 mil pesos. Por lo que en este ejemplo, blanquear la relación de alquiler tiene un costo extra de 556 pesos. En el caso de alquileres por encima de 30 mil pesos, se suma ingresos brutos con el 1,5 por ciento del monto del alquiler, para el caso de la Ciudad, dado que en otras provincias es distinto. “Los problemas se dan cuando una persona que paga ganancias se le suma el alquiler y queda gravado con la alícuota máxima, del 35 por ciento, y a eso le sumas ingresos brutos y bienes personales la rentabilidad que le queda es baja”, concluyó Domínguez.
