La comunicación oficial también lamentó "que (los acreedores) en cada ocasión que han tenido oportunidad han optado por amenazar a la Provincia y sus funcionarios con el inicio de acciones legales si no se aceptan sus inflexibles imposiciones". En este sentido, se recordó que Entre Ríos "ha evidenciado su buena fe en las negociaciones desde el comienzo del proceso, incluso mejorando su propuesta en tres oportunidades, sin un correlato similar de parte de sus acreedores".
"Las condiciones que hoy afectan al país y a la Provincia eran imposibles de prever a la fecha de la emisión del Bono. Una gran devaluación en 2018 fue seguida de una aguda recesión que llevaron al Gobierno anterior a recibir el rescate más grande de la historia del FMI e imponer estrictos controles cambiarios en 2019. A dicha crisis se sumó una pandemia sin precedentes en 2020", subrayó el Gobierno de Entre Ríos.
En tales circunstancias, el 8 de agosto de 2020, la Provincia se vio imposibilitada de hacer frente a un cupón de deuda de Bono ER 25, y se inició de inmediato un proceso de reestructuración mediante un diálogo constructivo y de buena fe con los principales acreedores, según se informó.
De esta manera, el Gobierno de Entre Ríos fijó su posición frente al grupo de acreedores que presentó en los tribunales de Nueva York una demanda por una presunta deuda de US$ 11,9 millones, en concepto de pagos de intereses no realizados.
La deuda que reclaman correspondería al pago de intereses de los US$ 500 millones en bonos con vencimiento en 2025, que la provincia de Entre Ríos tiene en circulación y que pretende reestructurar.
