Puntualmente, el Poder Ejecutivo anunció formalmente una nueva sesión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), ente encargado, entre otras cuestiones, de "fijar las remuneraciones mínimas" para esta actividad.
El organismo está compuesto por representantes de los trabajadores, de los empleadores y de los Ministerios de Economía y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Esta última cartera "ejerce la Presidencia y tiene a su cargo las tareas de soporte legal, técnico y administrativo".
De acuerdo con la Resolución de este lunes, firmada por el titular de la CNTCP, Roberto Picozzi, el encuentro se realizará a partir de las 11:00 de ese día y "mediante plataforma virtual", en el marco de la pandemia del coronavirus.
Lo que se paga
El último aumento salarial para las empleadas de este sector fue del 5% y se comenzó a pagar en mayo pasado. Con ese incremento, la hora de trabajo quedó establecida en $144,50 para el personal que realiza tareas generales con retiro y en $155,50 para el caso de aquel que es sin retiro. En tanto, el sueldo mínimo mensual para aquellos que realizan tareas generales quedó fijado en $17.785 (con retiro) y $19.777 (sin retiro).
Cuando el Gobierno decretó el aislamiento obligatorio, esta fue una de las actividades que se vio interrumpida.
Durante la cuarentena, algunas trabajadoras del sector pudieron acceder a cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia de $10.000 que otorgó la ANSeS. No obstante, este ingreso no reemplazó el pago de sus salarios, que los empleadores debieron seguir abonando.
El personal doméstico pudo acceder a esta ayuda del Estado siempre que algún miembro de su grupo familiar no percibiera ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia público o privado; fuera monotributista de categoría C o superior o del régimen de autónomos; tuviera una prestación por desempleo; percibiera jubilaciones, pensiones o retiros; cobrara planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.
Como consecuencia de la pandemia, de acuerdo con los datos del Ministerio de Trabajo y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), durante los últimos meses en este sector se perdieron unos 20.000 puestos en blanco.
