Crédito: (LaNación).-
El nuevo hecho, que implicó la destrucción de 6 silobolsas con soja, fue en un acopio de la firma Matesur SA, sobre la ruta 8, en la localidad de Chapuy, en el sur de la provincia de Santa Fe.
Esta provincia es que la que más casos registra en el año. En Santa Fe hasta el momento ocurrieron 68 roturas de silobolsas.
Después, en el ranking figura Córdoba con 46 silobolsas destruidos, luego Buenos Aires con 45 y finalmente Entre Ríos con 10 roturas. Todo esto surge de un relevamiento que pudo hacer La Nación a partir de diversos casos informados.
Respecto del caso ocurrido en Chapuy, una fuente de la planta de acopio dijo que no tienen sospechas respecto de quiénes podrían haber cometido el ataque sobre mercadería que era de propia producción.
"No tenemos certezas o sospechas de nadie", contó. Agregó que se enteraron del vandalismo cuando el sábado por la mañana personal vio lo sucedido en el predio.
La denuncia policial fue realizada para dejar asentado el ataque. "Hubo algún malintencionado con ganas de hacer daño", precisó la fuente.
En la firma quieren dar por superado el episodio y, en esa línea, prefieren no darle más entidad que el vandalismo.
"El daño ya está hecho, por suerte prácticamente se pudo cargar todo", indicaron en la empresa de acopio de granos. Según precisó, la soja se cargó y se envió al puerto.
Sin avances
El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, y varios diputados de la oposición, presentaron proyectos para castigar con severidad estos delitos con modificaciones en el Código Penal. Esas iniciativas están en la Comisión de Legislación Penal, pero, según alertaron fuentes legislativas a La Nación, no tienen avances. Esa comisión es controlada por el oficialismo."Estos proyectos tienen como primera competencia a Legislación Penal porque implican una modificación del Código", expresó una fuente legislativa, que reiteró que el tema "viene planchado".
Por otra parte, entre otras iniciativas, el radical Atilio Benedetti propuso para este vandalismo una pena de uno a seis años de prisión y multa de una a cinco veces el importe del depósito previsto en el artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación vigente al momento de la condena, que a la fecha representaría una multa mínima de $100.000.
