La primera medida comenzará a operar con la habilitación de parte del clearing bancario, siempre y cuando tenga como destino completar la nómina salarial de los privados. Las segundas medidas serán apurar el otorgamiento de los créditos bancarios habilitados por el Banco Central, destinados únicamente a las pequeñas y medianas empresas; pero que, eventualmente, podrían extenderse a compañías de mayor tamaño. La instrumentación será a través de los bancos, y se buscará que sean las entidades donde habitualmente los privados trabajan para liquidar salarios donde los préstamos se habiliten.
El propio Alberto Fernández le dio la orden tanto a su ministro de Producción, Matías Kulfas, como al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, para que las personas reciban sus salarios lo más cercano posible a los tiempos habituales. El objetivo oficial es que los fondos provengan de la intención de liberar a los bancos unos $320.000 millones a través de la liquidación de las Leliq existentes y la suba de los encajes bancarios. Este dinero debería volcarse de manera inmediata a la liquidez de los bancos públicos y privados, los que, en teoría rápidamente, tendrían que comenzar a trabajar con sus clientes para que haya líneas de préstamos a tasa de 25%. Y, si se puede, menor. Varias empresas de todo tipo, tamaño y sector, se habían comunicado de todas las maneras posibles con el titular del Banco Central, para avisar que si los cheques no se acreditaban, sería imposible completar el dinero necesario para poder cubrir la nómina de salarios a liquidar desde la semana que viene cuando comience abril.
Créditos para las liquidaciones salariales
Las empresas deberán presentar en los bancos donde se realizan habitualmente el pago de los sueldos para que la entidad pueda disponer de la entrega del dinero.
Para que el menú de tomadores potenciales de estas líneas se agrande, el BCRA había dispuesto también el jueves pasado flexibilizar los criterios de deudores bancarios. Según lo que fija la nueva norma, "teniendo en cuenta el actual estado de emergencia sanitaria y económica, el Bancos Central resolvió, a través de la Comunicación "A" 6938 que, desde el 20 de marzo de 2020 y hasta septiembre de 2020, a la clasificación de cada deudor se le añadirán 60 días de plazo para los niveles de clasificación 1, 2 y 3 (hasta antes de la mencionada comunicación, los plazos de mora para cada situación eran: situación 1: Atraso en el pago que no supere los 31 días; situación 2: Atraso en el pago de más de 31 y hasta 90 días desde el vencimiento y situación 3: atraso en el pago de más de 90 y hasta 180 días)". El plazo para esta recalificación de acelerará, para que ya la próxima semana los morosos que hoy estén hasta en categoría 3 puedan volver a 1 y así acceder a las líneas de crédito, siempre y de manera excluyente, se destinen al pago de sueldos; y no para otro fin. Para esto, la norma obligará a las entidades financieras a ser ellas las que liquiden en las cuentas salarios el dinero.
