Así surge de un relevamiento realizado por la agencia NA entre referentes del mercado y consultoras privadas.
Existe coincidencia en que ya no se puede hablar de una sola deuda ni una única reestructuración, porque hay distintos tipos de acreedores, monedas y legislaciones.
También en que estas negociaciones, en las que el ministro de Economía, Martín Guzmán, buscó avanzar en la semana tras reunirse con enviados de fondos de inversión, determinarán el curso de la economía argentina de los próximos años.
Al cierre del 2019, la deuda pública total rondaba los US$ 320.000 millones, de los cuales un 60% (US$ 192.000 millones) se considera relevante o urgente.
Es que el 40% restante (US$ 128.000 millones) estaba en poder de otros organismos del sector público, de modo que su refinanciamiento puede descontarse, de acuerdo con un estudio de Ecolatina.
Si se deja de lado la deuda intra sector público, US$ 70.000 millones se ubican en manos de organismos financieros internacionales, donde más de la mitad se explica por los US$ 44.000 millones desembolsados por el FMI.
"Estos pasivos deberán devolverse en tres años entre el segundo semestre de 2021, de modo que la mayor parte de su vencimiento quedará dentro del plazo del actual gobierno, pero en la segunda mitad del mandato", señaló el reporte.
Por lo tanto, hay coincidencia entre los especialistas en que eso no constituye una urgencia tan apremiante.
A contramano, este año vencen acreencias por US$ 40.000 millones en manos del sector privado, al que se le adeudan cerca de US$ 120.000 millones en total.
Sobre esta porción versará la reestructuración inmediata, pero la falta de información sobre quiénes son los acreedores dificulta la negociación.
Por eso, el Ministerio de Economía pidió que los tenedores de bonos y letras "se identificaran" para así poder comenzar las negociaciones y hacer llegar las propuestas.
Si bien con el FMI parece haber buena sintonía, con los acreedores privados la negociación viene más tensa.
El fallido canje del bono AF20 en pesos y los agresivos comunicados del Ministerio de Economía reflejan que la reestructuración en este frente es más compleja.
En la última semana, la adhesión de dos tercios de los tenedores al canje del A2M2 luego de la oferta de paridades más atractivas más el pago completo a quienes no ingresaron -dejando de lado el tono amenazante del comunicado- reflejan el intento de ambas partes por mejorar una relación complicada, se acuerdo con Ecolatina.
Dentro de la deuda con privados, hay otra particularidad: cerca de US$ 25.000 millones de compromisos fueron emitidos en moneda local y US$ 95.000 millones en divisas.
Los primeros tienen un menor riesgo de default que los segundos, pero este no es nulo.
El Banco Central podría, en última instancia, emitir pesos si el Tesoro así le pidiera porque defaultearlos generaría problemas inmediatos dentro del sistema productivo local: muchas empresas argentinas poseen estos activos, de modo que un incumplimiento tensaría aún más la alicaída cadena de pagos.
La situación de la deuda en moneda extranjera es más compleja: no alcanza con querer pagar, hace falta poder hacerlo.
Las Reservas Internacionales más el prácticamente nulo superávit de cuenta corriente de 2020 no alcanzarán para enfrentar los vencimientos de este año.
Sin financiamiento en divisas habrá que reestructurar, de lo contrario, se caerá en default.
Además, expertos aclaran que no es lo mismo reperfilar un pasivo emitido bajo la Ley local que hacerlo bajo Ley extranjera.
Mientras que en el primer caso el Congreso y la justicia argentina serían el obstáculo, en el segundo lo serán las cortes internacionales, donde la Argentina ya sufrió un duro revés durante el gobierno de Cristina Kirchner.
Analistas coinciden en que una reestructuración forzosa de los títulos en Ley local no será gratuita, porque muchos acreedores poseen distintos bonos, de modo que podrían bloquear la negociación bajo Ley extranjera si no están de acuerdo con lo realizado en local.
Además, una resolución de facto en esta porción de la deuda dificultaría la posibilidad de volver a emitir pasivos bajo jurisdicción argentina en el largo plazo.
Los bonos actuales cuentan con Cláusulas de Acción Colectiva: para poder reestructurar, es necesario acordar con un determinado porcentaje de los tenedores, que varía desde el 66% al 85% según el prospecto de cada bono, y ese acuerdo se extendería a todos los acreedores.
Así, es más difícil que una porción acotada de acreedores bloquee el proceso o decida no entrar para luego litigar en cortes internacionales.
Los bonos emitidos bajo Ley Nueva York en manos del sector privado acumulan cerca de US$ 40.000 millones, y hay casi US$ 25.000 millones en poder del sector público. (NA)
