La gestión de Alberto Fernández busca trasladar al sector privado la negociación final sobre la cifra. El Gobierno ya comenzó a deslizar que el decreto solo marcará "el piso" del aumento. E insiste en que, a partir de la medida oficial, se deberán abrir discusiones por sector que sean las que definan, en lo concreto, el primer incremento salarial del año.
"El Gobierno va a marcar una suma fija que va a ser mínima y va a ser un piso. Después se abre la negociación por sector. Algunos darán lo que marque el Gobierno y otros podrán lograr algo mejor para sus trabajadores. Todo lo que suceda en esta primera instancia será a cuenta de paritarias", señalaron fuentes del Ministerio de Trabajo, que conduce Claudio Moroni.
Ayer, uno de los secretarios generales de la CGT, Carlos Acuña, manifestó a El Destape: "Cada actividad, en su sector, sabe cómo le fue y cuánto puede discutir. Cada sector tiene su característica y, de acuerdo con eso, se va a ir acomodando ese adelanto de sueldo".
En los últimos días de diciembre circuló que el decreto oficial podría fijar una suba de entre $5000 y $8000, aunque en las últimas horas algunas fuentes gremiales comenzaron a barajar una brecha de entre $6000 y $9000. La cifra fina es lo que aún seguía en discusión, reconocieron fuentes oficiales y gremiales.
Fernández señaló en su última entrevista radial de 2019 que el aumento salarial por decreto para los trabajadores privados
Desde la UIA advirtieron que le manifestaron al Gobierno que la suma "debería ser no remunerativa". "Debemos evitar descuentos de cargas sociales y que el aumento llegue íntegro al bolsillo del trabajador, dándole carácter alimentario. Así se aplicó exitosamente en la crisis de 2002", señalaron desde esa cámara empresaria, una de las que se sentaron a la mesa del Gobierno el viernes pasado cuando se firmó el acuerdo multisectorial, que ofició de decálogo de buenas intenciones.
"Hay paritarias con incrementos pendientes de acá a junio, porque las negociaciones en la industria son entre marzo y junio. Además, hay negociaciones con cláusulas de revisión y otras con cláusula gatillo", enfatizaron desde la UIA.
Programas sociales y estatales
El aumento que se espera para los privados tendrá una réplica en los trabajadores del Estado. Los gremios estatales esperaban una bonificación especial para su sector, por encima de los aumentos ya previstos del 5% para enero y del 5% para febrero.
La administración de Alberto Fernández, en tanto, también evaluaba otorgar un extra a los beneficiarios de planes sociales. En particular para los programas Hacemos Futuro y para quienes perciben el salario social complementario, personas en situación de vulnerabilidad que no quedaron encuadradas en ningún aumento.
Ambos programas se calculan a partir del 50% del salario mínimo, vital y móvil, que ronda los $17.000.
En este caso, a diferencia del sector privado, el aumento está mucho más condicionado por la capacidad presupuestaria del Gobierno. "Claramente hay una materia pendiente con esos programas. En ese caso lo que se evalúan son las posibilidades, estamos en una situación muy complicada", señalaron fuentes oficiales.
Otro vocero del Gobierno que conoce de cerca las demandas de los movimientos sociales manifestó: "En lo social debería también aumentarse a cuenta de futuros incrementos, pero en este caso aún se evalúan la modalidad y la cifra".
