A partir de esa distancia la discusión se encamina a seguir los pasos de la del año pasado, cuando terminó con una resolución unilateral de la administración de Mauricio Macri y sin acuerdo del sindicalismo. El año pasado el Consejo culminó con una suba escalonada del 25% que llevó el mínimo a los actuales 12.500 pesos. En lo formal, el piso de ingresos rige para un universo limitado de trabajadores no alcanzados por un Convenio Colectivo (se calcula que son unos 200 mil) y de manera indirecta, como orientación para los asalariados informales. El rol central del salario mínimo, sin embargo, pasa por los sectores atados a su movilidad anual sometida al debate que convocará para el jueves próximo el Ministerio de Producción y Trabajo con la participación de 16 representantes de las principales cámaras empresarias y otros tantos de las centrales obreras: desde 2016 existe una normativa según la cual los salarios docentes deben estar siempre 20% por encima del piso formal; de igual forma, la variación del SMVyM dispara en igual porcentaje hacia arriba el valor de los planes sociales, y también engancha los haberes jubilatorios que nunca pueden quedar desfasados de ese ajuste.
De ahí la preocupación mayúscula del Gobierno por evitar un incremento muy por encima del 28% que como pauta de referencia logró imponer en negociaciones salariales entre gremios -hasta hace unos meses- aliados. Más allá del posible impacto favorable sobre los ingresos en sectores sensibles, para el Ejecutivo acceder a un ajuste mayor implicaría comprometer al sector público con un desembolso no previsto para los casos de jubilados y perceptores de planes, y a las provincias respecto de los trabajadores de la educación.
