Con el oficialismo ausente, la Comisión de Vivienda avanzó la semana pasada con la firma del dictamen, suscripto también por legisladores del Frente para la Victoria-PJ, del Frente Renovador y del Bloque Justicialista. El dictamen fue girado a la Comisión de Finanzas, que dirige el diputado macrista Eduardo Amadeo, quien ya hizo saber que no está de acuerdo con el apuro opositor, porque considera que la Argentina no está en situación de crisis en el segmento de créditos hipotecarios. Por lo pronto no convocó a un plenario de ese cuerpo legislativo.
Pero la iniciativa también fue enviada a las comisiones de Legislación General y Presupuesto, que dirigen los diputados oficialistas Daniel Lipovetsky y Luciano Laspina, que tampoco llamaron a debatirlos. En la reunión de Vivienda participaron como invitados, representantes de los tomadores de créditos UVA y de ProCreAr, especialistas en la materia y legisladores que tienen proyectos presentados, mientras no concurrió el secretario de Vivienda de la Nación, Ivan Kerr.
Al término del plenario, se acordó girar el dictamen a Finanzas, advirtiendo que si no llama a una reunión para tratar el tema, se impulsará una sesión especial, que podría tener el mismo desenlace de la ocurrida el 4 de abril. En esa frustrada sesión, el oficialismo bloqueó el tratamiento de proyectos sobre la exención del impuesto a las Ganancias a jubilados y de freno para los tarifazos en los servicios públicos de luz, gas y agua, porque se requerían los dos tercios de la Cámara y la oposición no alcanzó a reunirlos.
El texto
La propuesta consensuada por la oposición, declara la emergencia del sistema de créditos UVA por 365 días para quienes compraron vivienda única, familiar y de ocupación permanente. Establece que durante la vigencia de la emergencia, se modificará el criterio para calcular el valor de las cuotas, incorporando el CVS (Coeficiente de Variación Salarial) al CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia), que se utiliza actualmente. Se indicó que se tomará el menor de dichos indicadores.
Además plantea un período de gracia de seis meses para aquellas personas que perdieron el empleo después de tomar el crédito y se suspenden los desalojos que se encuentren en curso por falta de pago. De tal forma, se protege la capacidad de pago de los deudores hipotecarios para garantizar el derecho de acceso a la vivienda.
"Esta gente está en una situación desesperante, ya no pueden pagar o lo hacen con un sacrificio enorme, un esfuerzo sobrehumano para que no les arrebaten la casa, el gobierno vive en un globo en esto, porque el salario promedio viene bajando, pero la cuota viene subiendo", dijo Felipe Solá, recordando que se hicieron tres reuniones con los afectados para tratar este tema.
Consideró además que "es un absurdo haber aprobado créditos que indexan al capital y cuotas al mismo tiempo. Por ahora sólo podemos contener, pero lo ideal es solucionar el problema", agregó
