Para la Casa Rosada, los retoques de los convenios colectivos de algunas actividades resultan un atajo ante el rechazo del Congreso a debatir los proyectos de reforma laboral que envió en 2017 y 2018. Este año, el oficialismo lo intentará por tercera vez, aunque con una iniciativa más acotada, con la inclusión únicamente del tramo sobre blanqueo de trabajadores, que prevé eximir del pago de multas al empresario que regularice la situación de sus empleados, publica el diario La Nación.
La iniciativa oficial se presentaría en el comienzo de las sesiones ordinarias.
El año pasado, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) aceptó modificar su convenio con una flexibilización en la cantidad de horas de la jornada de trabajo. Hubo 13 empresas que activaron un esquema de reducción horaria y de suspensiones de hasta 10 días por mes, según precisó Antonio Caló, jefe del gremio metalúrgico.
Se trata en su mayoría de empresas autopartistas o vinculadas a la construcción, según un relevamiento interno del sindicato.
Otra de las ideas que el Gobierno pone seguido sobre la mesa en las negociaciones con los sindicalistas y empresarios son los acuerdos por productividad y la necesidad de reducir costos laborales.
Entre los desafíos urgentes que se trazó Dante Sica, ministro de Producción y Trabajo, está convencer a Hugo Moyano de sumarse a un acuerdo para generar mayor competitividad en lo relativo al transporte de cargas y la logística.
"Camioneros tiene el 93% del transporte interno. Se tiene que sentar en la mesa a negociar sí o sí", argumentan en el Gobierno. Se dio un primer paso: el flamante secretario de Trabajo, Lucas Fernández Aparicio, se reunió hace dos semanas con Moyano y dos de sus hijos para recomponer el vínculo y reabrir un canal de diálogo. En ambas orillas quedaron conformes tras el primer acercamiento.
