Economía Significará mayor presión tributaria

Buscan acercar la valuación fiscal de los inmuebles al valor de mercado

Las provincias determinarán valores de inmuebles y fijará alícuotas impositivas. La valuación fiscal es menor al valor de mercado, y se busca acercar esas variables, lo que aumentará la presión tributaria, sobre todo en Bienes Personales.
El Gobierno lanzó hoy el Organismo Federal de Valuaciones para dotar a las provincias de mayores herramientas técnicas que permitan corregir distorsiones en las valuaciones fiscales de inmuebles, por la falta aplicación de criterios homogéneos.
El objetivo será propiciar una mayor equidad y justicia tributaria, indicaron fuentes oficiales.
En general, la valuación fiscal es mucho menor a los valores de mercado, por lo que se busca acercar esas variables, lo cual aumentará la presión tributaria, sobre todo en Bienes Personales.
La determinación de los Valores Fiscales de los inmuebles seguirá siendo competencia de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires.
Son las provincias las que tienen la autonomía para fijar las valuaciones y las alícuotas (ahora en un rango de 0,5% a 2% por el Consenso Fiscal).
El trabajo del Organismo consistirá en consensuar una metodología que tienda a reflejar la valuación fiscal con relación a la dinámica de los valores de mercado en todo el país con valores homogéneos y servirá para tener actualizados los catastros y los registros de la propiedad inmueble.
Las provincias tienen la potestad de definir el valor fiscal y las alícuotas que quieran.
El objetivo principal es que ese criterio sea parecido en todo el país y eso se logrará gradualmente, indicaron fuentes oficiales.

El nivel de las valuaciones fiscales con relación al valor de mercado de los inmuebles muestra una gran dispersión: el caso de provincia de Buenos Aires que se sitúa alrededor del 40% en promedio, versus algunas provincias en las que ese guarismo no llega a representar ni el 1% del valor real de mercado.
Este organismo, creado a través del decreto 938/18, está integrado por representantes de la Nación y de las provincias que deberán consensuar una metodología y homogeneizar la forma en que los catastros de las diferentes jurisdicciones tomarán el valor de las propiedades.
Por ejemplo, dos inmuebles con el mismo valor real de mercado, en una provincia puede estar alcanzado con el impuesto (porque la provincia lo tiene identificado) y en otra no.
O un inmueble rural con idéntico potencial productivo y ubicado parte en una provincia que ha revaluado en forma habitual y otra parte en otra provincia que no ha lo haya efectuado el revalúo; paga muy distintos montos por impuesto inmobiliario en un distrito que en el otro.
Para ese fin las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, conjuntamente con el Gobierno nacional, deberán consensuar la formulación de una propuesta para llegar a cumplir esos objetivos.

En ese sentido, se implementará un programa de asistencia técnica y financiera que posibilite a los gobiernos provinciales mejorar sus sistemas catastrales, incorporando tecnologías de última generación a través de imágenes satelitales, el equipamiento y capacitación del personal en el uso de las nuevas herramientas de gestión.
A su vez, facilitará la realización de trámites para los ciudadanos, los cuales podrán realizarse en forma virtual.
En cuanto al impacto en el impuesto inmobiliario, eso dependerá de cada jurisdicción, pero también generará una base imponible más equitativa y justa, permitiendo que la carga tributaria no recaiga en solamente en unos pocos que hoy están mejor identificados y pagan, lo que podría incluso lograrse que para aquellos sujetos que hoy pagan, en realidad los impuestos disminuyan al distribuirse en forma más equitativa.
Una vez que se logre consolidar un sistema catastral con las provincias, el paso a seguir será la construcción de un Sistema de Información Territorial Federal, que de forma georeferenciada permita superponer otros tipos de informaciones, como la de riesgos hídricos, las relacionadas con actividades productivas, las de carácter social y las de infraestructura.
Esto brindará mejor información para el diseño y coordinación de políticas públicas para el desarrollo federal; que tenga como foco mejorar los servicios a los ciudadanos; y de disponer datos que permitan mostrar las potencialidades regionales en las decisiones de inversión, tan necesarias para un país cuyo objetivo desarrollarse a nivel productivo.

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