El país afronta en la actualidad 124 casos diferentes en los EE.UU., Alemania, el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) y la ONU. El estudio de Research for Traders señaló que "crece el potencial daño económico contra el Estado por litigios internacionales" y calculó que la Argentina se encuentra expuesta al eventual desembolso de u$s 9.263 millones si prosperan esos litigios por eventuales incumplimientos de contratos.
De acuerdo a datos oficiales publicados en mayo pasado por el gobierno en un informe presentado ante la SEC (Securities and Exchange Commission), la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos que regula la actividad financiera, "el soberano tiene una exposición a juicios internacionales por u$s 9.200 millones", indicó el estudio.
El analista Sebastián Maril -autor del informe y especialista en deuda pública y privada- explicó al portal Infobae que en estos casos se incluyen las demandas irresueltas por bonos soberanos en cesación de pagos, la pesificación de los contratos y también por la nacionalización de empresas, como el caso de YPF en 2012.
De hecho, la semana pasada se conoció un fallo por esa estatización, por u$s 3.000 millones de dólares contra nuestro país. Pero no se incluyen demandas contra los Estados provinciales y las empresas privadas. Maril afirmó que "Argentina aún sigue en default: hay un 2% de los acreedores que nunca entraron a los canjes de deuda de 2005 y 2010 que aún no aceptaron la oferta argentina y siguen litigando, y hay nuevas demandas que se presentaron a principios de año. Totalizan cerca de u$s 1.000 millones".
"El número es muy arbitrario y todo depende caso por caso. Hoy mismo Argentina admite que hay u$s 5.000 millones en capitales, en los EE.UU. y ante el CIADI, y ahí puede subir o bajar, dependiendo de un fallo a favor o en contra", agregó Maril. Recordó además dos juicios en los que figura YPF.
Uno de Petersen Energía y Petersen Inversora (que fue adquirido por el fondo Burford) contra el Estado nacional, con fallo adverso la semana pasada, por u$s 3.000 millones, debido a irregularidades en la nacionalización de la petrolera.