Hay consenso entre los economistas, al decir que la presión tributaria municipal -salvo en el caso de los inmuebles y los automotores- es indirecta y distorsiva e impacta igual que la de los otros niveles estatales en las decisiones de inversión.
La clave de la nueva discusión entre gobernadores e intendentes en todo el país pasa por dos puntos. Por un lado, entran en juego los $15.000 millones que, según estima el Iaraf, las provincias recibirán en compensación por las pérdidas que les generan los cambios del esquema de impuestos, y por el otro, el dinero que -mientras existía el fondo del conurbano bonaerense- se repartían 22 provincias (sin dividir con los municipios) y que ahora se volvió a sumar a la masa coparticipable bruta e incluye a la provincia y a la ciudad de Buenos Aires y al tesoro nacional.
"Si ese dinero se comparte con los intendentes, las provincias terminarán disponiendo de menos recursos que antes del pacto fiscal", explica Ariel Barraud, del Iaraf. Esa es la pelea de fondo.
Fuentes del Ministerio del Interior (la dependencia que, junto con Hacienda, monitorea el cumplimiento del consenso fiscal) dijeron al diario La Nación que no solo es "necesario" sino "fundamental" que los municipios reduzcan cargas, pero dejan en manos de los gobernadores "promover" esos cambios.
José Arnoletto, presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (Facpce), comparó el esquema de coparticipación con un "caño con agujeros y derivadores", que se deben eliminar.
"Hay que tapar las fugas, las acciones no autorizadas. Los recursos se deben coparticipar, habrá que resolver sujetándose al cumplimiento de las normas, pero la solución no es no girar dinero", apuntó. Advirtió que tampoco es el camino que "la Nación y los gobiernos provinciales paguen obras a los municipios y que los intendentes recauden para gastos corrientes; hay que establecer reglas claras".
El año pasado Daniel Funes de Rioja, titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) calificó a las tasas municipales de "delincuentes". Dijo: "La imaginación no tiene límites, pero el descaro tampoco. Las municipalidades tienen que sobrevivir, pero ¿a costa de nuestra sangre?".
Catarata de tasas
Desde la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap), su presidente Rafael Flores insistió en que en los últimos 15 años hubo un incremento del gasto en todos los niveles: "Hay un Estado más pero los bienes y servicios no son el doble de mejores; ese es el problema de fondo".
Consideró que, especialmente en provincias y municipios, el mayor gasto es por más empleados y, por esa razón, es un gasto rígido. Se buscan "mecanismos para financiarlo, más tasas, más impuestos", según sostuvo. Y agregó que hay que "frenar" este "esquema perverso" y pensar un mecanismo fiscal que impida que la situación siga y se repita porque "se paga por décadas".
Para el director académico del Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales (Cippes), Alfredo Schclarek Curutchet, el pacto fiscal dejó en claro que el objetivo es avanzar hacia la baja de la presión fiscal y que eso "incluye a los municipios".
"Se avanza en la transparencia y en la equidad fiscal, por lo que también necesitamos más federalismo a nivel provincial -agregó-. No solo la Nación avanzó sobre las provincias; por ejemplo, también pasó en Córdoba. Los municipios deben resolver distintas cuestiones fiscales y hay más espacio si reciben ayuda".
Aunque hay fallos de la Corte Suprema de Justicia declarando la ilegalidad de algunas tasas, el fenómeno no se frenó. Para Arnoletto es clave que "el ciclo para demostrar esa ilegalidad llega cuando el intendente que la creó ya se fue y eso impacta en otra intendencia. Cobraron, gastaron y otro tiene que pagar".
