El objetivo es "agilizar trámites, simplificarlos y eliminar focos de corrupción", dijo el ministro de Producción, Francisco Cabrera.
Señaló que el decreto elimina "normas antiguas o desactualizadas, que obstaculizan procesos internos de competitividad de la economía y procesos de autorización excesivamente complejos".
En conferencia de prensa, Cabrera aclaró que este proceso de simplificación "no significará reducción de personal en ningún caso".
Cabrera presentó los cambios junto al secretario de Legal y Técnica, Pablo Cluse, el jefe de gabinete del ministerio de Transporte, Pedro Sorop, y el secretario de Simplificación Productiva, Pedro Inchauste.
El ministro dijo que el sentido de la medida es "derogar y simplificar normas para bajar los costos del sector productivo a un punto del producto Interno Bruto, que significan un ahorro de cien mil millones de pesos en dos años".
Cabrera explicó que muchas de las medidas derogadas obstaculizaban el proceso económico e incomodaban al ciudadano, convirtiéndolo en cadete del estado obligado a pasar por 50 ventanillas para un trámites".
El decreto autoriza al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del ANSeS a realizar otras operaciones financieras como la creación de fideicomisos financieros y "otorgarle modernos instrumentos para invertir sus activos en otras operaciones financieras", explicó el ministro.
Entre las medidas figuran la derogación de la ley de Abastecimiento de 1952, que entre otras cosas preveía que las Fuerzas Armadas se hicieran cargo de la producción agropecuaria.
Por el decreto, los campos, los inmuebles y las cabezas de ganado que le pertenecen al Ejército serán administrados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
El decreto elimina el Registro Industrial de la Nación (RIN) creado en 1972 que tiene solamente a 1.700 empresas de las más de 110 mil que hay en el país.
El ministro dijo que "se transformó en un dolor de cabeza para las industrias que querían acceder a beneficios del Estado y no tiene ninguna utilidad".
Cabrera señaló también que se eliminó la obligatoriedad de que el Presidente autorice la instalación de nuevas terminales automotrices, que fijaba la necesidad de un decreto presidencial para esa inversión y en el futuro no necesitará ninguna autorización.
En el caso de marcas y patentes se otorgó un plazo de 60 días para resolver controversias en la justicia que hasta ahora llevaban entre tres y cinco años, y se permitira la digitalización de los tramites de presentación.
También se simplificaron los trámites y la intervención estatal ante artistas, galeristas y otros exportadores e importadores para la circulación de obras de arte.
También se derogaron más de 50 normas del Servicio de Seguridad Animal (SENASA) que ya no se aplican o no tienen utilidad, y que datan de entre 1888 y 1898.
El nuevo decreto también permitirá reemplazar los libros contables de una empresa eliminando la obligatoriedad del papel y permitiendo su presentación en forma digitalizada.
Se estableció también que las licitaciones de obra pública en adelante solamente serán publicadas en el Boletín Oficial nacional, eliminando esa obligación para esos organismos provinciales o municipales y que los reclamos de usuarios de servicios públicos podrán hacerse ante el Enargas de cada provincia.
