Economía Sesión especial en Diputados

Contratos de obra pública para vivienda estarán atados al valor de los UVI

La iniciativa busca redeterminar precios en futuras licitaciones para la construcción de viviendas. Prevé que a que a un metro cuadrado le correspondan 1000 unidades UVI, las cuales se ajustarán según variaciones del índice de la construcci
La Cámara de Diputados someterá hoy a votación el proyecto de ley que apunta a que la cotización de contratos de obra pública para la construcción de viviendas estén atados al valor actualizado en pesos de las unidades de vivienda (UVI).

También se considerará en el recinto de la Cámara baja el proyecto de ley para la regulación de las "sociedades de interés y beneficio colectivo".

La iniciativa para redeterminar precios en futuras licitaciones para la construcción de viviendas, que llegó con media sanción del Senado con el impulso de Julio Cobos (UCR), prevé que a que a un metro cuadrado le correspondan 1000 unidades UVI, las cuales se ajustarán mes a mes de acuerdo a las variaciones del índice de la construcción para el Gran Buenos Aires (ICC) que informa el Indec.

El proyecto establece que se tome por referencia "el valor de la UVI de la fecha que se indique en los pliegos de bases y condiciones".

En el artículo 2 del proyecto señala que "los avances de obra se certificarán tomando como referencia el valor de la UVI correspondiente al último día del mes a certificar, siempre que hubiese alcanzado como mínimo el noventa por ciento del avance de obra proyectado y aprobado".

"Caso contrario, se tomará el valor de cotización de la UVI del último día del mes certificado, cuyo avance de obra se hubiese cumplimentado en las condiciones exigidas en el párrafo precedente", indica el texto.

En caso de incumplimiento del plazo para la finalización de la obra, se le reconocerá al contratista "el valor de cotización de la UVI del último certificado emitido dentro del plazo original del contrato", estipula el artículo 3.

El proyecto que regula las "sociedades de interés y beneficio colectivo", que en julio pasado había sido presentado por el Ministerio de Producción, es una iniciativa que pretende darle un reconocimiento legislativo a las sociedades jurídicas que trabajan en lo que se conoce como "triple impacto", es decir que no tienen como único incentivo la búsqueda del beneficio económico, sino que además apuntan a generar oportunidades de desarrollo en lo social y ambiental.

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