En efecto, la FACPCE, que reúne a los Consejos de las 24 jurisdicciones del país, se dirigió al administrador federal de Ingresos Públicos, Alberto Abad, destacando que el registro requiere obligaciones de inscripción e incorporación digitalizada de escrituras y otra documentación de variada complejidad en su aplicación concreta, además de su régimen de información y las consiguientes penalidades que pueden derivar.
En el documento, hacen notar que entre la publicación de la norma y su vigencia transcurrió "escasamente una semana". En ese contexto, los profesionales destacaron que debido a "las dificultades que su cumplimiento implica para un sector como el agropecuario que, especialmente en los pequeños y medianos contribuyentes, carecen de estructura administrativa" exigen un plazo más exiguo.
Bajo tales circunstancias la entidad profesional solicitó la postergación de la entrada en vigencia de la norma mencionada, otorgando un plazo prudencial que permita a los matriculados y contribuyentes en general una adecuada difusión y análisis de la norma, atento la amplitud de su alcance, como así también la preparación de la documentación requerida en la norma.
Los contadores no dejaron pasar la oportunidad para recordarle al Fisco la preocupación constante de la Federación "por evitar la superposición de regímenes de información y la búsqueda de la simplificación de los mismos". Los productores más que pedir prórroga reclamaron la eliminación de las "cargas burocráticas sobre la espalda del productor", tal como consigna en su manifiesto Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
Vale recordar que en julio pasado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) anunció la creación del Registro Fiscal de Tierras Rurales Explotadas, para identificar quienes realicen operaciones de explotación de tierras rurales por cuenta propia o de terceros. El nuevo registro funcionará vía web y apunta a reducir la cantidad de trámites presenciales que deben hacer los contribuyentes.
