Vale repasar que la Resolución de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, que el 17 de abril rechazó los recursos de queja presentados por la defensa de Urribarri y la de sus consortes procesales en la denominada Causa Compleja y le dio carácter de firmeza a las condenas, puso al exmandatario en condiciones de ser alojado en una unidad penal. Se recordará que el exgobernador resultó con una pena de ocho años de cárcel más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos al haberse probado su participación en cinco grandes causas de corrupción.
El abogado apuntó a “serias inconsistencias en los votos de los magistrados en las tres instancias provinciales” y cuestionó que en los dictámenes judiciales “se vulneró la jurisprudencia de la Corte Suprema porque no se tuvieron en cuenta tres precedentes al rechazar las impugnaciones extraordinarias”. “Sergio Daniel Urribarri soportó de manera estoica persecuciones judiciales dirigidas por funcionarios judiciales que, en algunos casos, no tenían idoneidad para llevar adelante las investigaciones y, en otros casos, ni siquiera tenían jurisdicción territorial”, cuestionó el letrado, según transcribió Elonce.
De hecho, Baños cuestionó que la oficina del titular del Ministerio Público Fiscal esté ubicada en el Palacio de Justicia de Entre Ríos. “Qué igualdad de armas puede haber entre las partes si una de ellas comparte el despacho en el mismo edificio que el Superior Tribunal de Justicia”, se preguntó.
Así también, mencionó una denuncia del ex senador nacional Héctor Maya, en la que, según repasó, se alertó que “podría existir evidencia de un entramado ilegal que pondría en crisis la legitimidad de las actuaciones que se siguieron contra el ex gobernador”.
Y continuó: “Bajo el rótulo de `combatir la corrupción´, se concentró todo el poder de investigar los delitos políticamente más sensibles en unas muy pocas personas, desplazando al resto del Ministerio Público”. Al cuestionar que se trata de “un proceso judicial sumamente arbitrario”, Baños expuso que “una de las fiscales reconoció, en sus alegatos, que no tenía pruebas, que no había testigos, ni documentos; y otra de las fiscales que participó de la acusación haya sido desplazada de su cargo por graves irregularidades y serios actos de corrupción”.
Para Baños, la condena a Urribarri es “consecuencia de un proceso plagado de irregularidades”. Y en conferencia de prensa, según registró Elonce, expuso que “se denunció ante la Justicia Federal a un renombrado titular de un portal de comunicaciones, porque publicaba pseudo notas periodísticas contra personas a las que previamente se había decidido investigar”. Para el abogado, “paradójicamente, la Fiscalía Anticorrupción decidió levantar esas noticias criminales e instruyó instigaciones plagas de arbitrariedades e irregularidades”.
Denunciaron connivencia en la Justicia entrerriana
Asimismo, el abogado del equipo de Burlando, apuntó a la connivencia en la Justicia entrerriana. “La condena a Urribarri fue rubricada por el cuñado de la juez que luego la confirma en segunda instancia; las otras juezas que rubrican el fallo, una es pareja del Procurador –que discrecionalmente seleccionó a los fiscales actuaron en el juicio- y la otra está casada con un enemigo declarado públicamente en multiplicidad de notas periodistas en contra Urribarri”.“Pese al grave temor de parcialidad que implica ser juzgado por la esposa de un enemigo público, para las otras dos juezas –la cuñada del juez de primera instancia y la pareja del Procurador- no hay imparcialidad, rechazan las recusaciones y confirman el fallo”, repasó Baños.
“Hay parcialidad si te juzga la esposa de tu enemigo”, sentenció. Para el letrado, “es evidente que si existe el temor fundado de parcialidad y esto se da en la praxis, los jueces tienen obligación de excusarse”.
“En una fiscalía se concentró una enorme cantidad de poder que, no es legítimo concentrar en un Estado de derecho; no es posible tolerar institucionalmente que todas las causas más sensibles de una provincia sean investigadas por dos operadores porque la concentración del poder tiende a corromper absolutamente”, cuestionó Baños. Y para dar cuenta de “casos paradigmáticos de arbitrariedad judicial”, expuso que “el Procurador Jorge Amilcar García ordenó que se archive el expediente a un periodista que durante décadas fue socio de un condenado por abusos en los que hacían participar a niños de ritos sexuales aberrantes”.
Para Burlando, “hay una operatoria” contra Urribarri
“Hay una operatoria y es lo que podemos verificar en el corto paso por Entre Ríos. Hubo un sinnúmero de situaciones vinculadas a este mecanismo de denunciar”, calificó Burlando tras la consulta por las publicaciones periodísticas que investigaron delitos de corrupción y que después fueron condenados por la Justicia, como el caso de Urribarri. Si bien el letrado descartó irregularidades e ilegalidades en esa mecánica, sí cuestionó que “cuando eso conforma una operatoria para elegir a un ciudadano y en vez de buscar a los responsables de un delito, se busca a algunos, es totalmente diferente”.Al calificarse como “hombre de Derecho”, el penalista apuntó a “la cantidad de barbaridades, desde el punto de vista técnico y jurídico, en contra de los acusados”; y dio cuenta de “antecedentes de este tipo de operatorias de denuncia”.
Al dar cuenta de “irregularidades” en el proceso judicial contra el ex gobernador, el abogado repasó que “en la acusación, una fiscal afirmó que no tenía pruebas y en su alegato dijo que `los que sabían, no hablaban´”. Para Burlando, “esa es la no contundencia de lo no necesario de presentar pruebas en favor de Urribarri”; y cuestionó por qué no se tramitó el falso testimonio para testigos de la investigación. “Es otra mentira, otra falsedad y otra arbitrariedad en la causa que arriba a una condena de ocho años de prisión”, apuntó.
“Para condenar a Urribarri y sus compañeros de causa no hay pruebas, y así lo dijo la propia fiscal destituida en su alegato durante los albores de la investigación; y no entiendo cómo no hubo reacción en el propio Poder Judicial para conocer quienes eran las personas porque no se pidió un solo falso testimonio”, insistió Burlando al remarcar que “la carencia de pruebas es notoria y evidente”.
Burlado hizo hincapié en “la arbitrariedad y la cuestiones vinculadas a las violaciones de los derechos constitucionales de Urribarri” y denunció que, en el proceso judicial en su contra, “se aplicó ley que no existe, que no están en vigencia”. “Es un gran absurdo; se hicieron apreciaciones exclusivamente dogmáticas y sin fundamento jurídico y técnico”, manifestó.
“La concentración del poder y tener fiscales que trabajen exclusivamente en lo que le interesa al Procurador es parte de lo que está mal; y no se tienen que enojar porque tal vez venimos de provincia de Buenos Aires y denunciamos situaciones que no le hacen bien a los ciudadanos ni de la provincia ni del país”, fundamentó.
“A algunos integrantes del Poder Judicial y la Procuración, el buscar la verdad y pedir justicia, les parece una blasfemia”, disparó y se mostró en la búsqueda de “un juez imparcial, que decida sin presiones y sin ser influenciado” para que trate el caso de Urribarri.
“Denunciamos las arbitrariedades y las ilegalidades porque ningún juez que lea nuestro recurso y las constate, puede permitir que esta causa siga con vida; el destino final para una causa que contiene estas características es su finalización”, sostuvo respecto al pedido de la intervención de la Corte Suprema.
