El hecho
El exbasquetbolista de Paraná fue asesinado a balazos el 26 de septiembre de 2009, cuando iba a bordo del auto Honda Fit que conducía su esposa, por el camino costero en inmediaciones del Centro Mariápolis. Quien iba en el asiento trasero le disparó. Rivas lo llevó al hospital San Martín, donde falleció. Lo que sucedió aquella noche en la zona del Acceso Norte fue, según la Justicia, el crimen planificado por Rivas para matar a su marido, con la colaboración del albañil y policía Rubén Flores, quien ejecutó de cuatro balazos por la espalda a Benedetich, y un mes después apareció muerto de un tiro en la cabeza en un tajamar de San Benito.
Dos juicios
No fue un caso sencillo: hubo una primera condena, que luego fue anulada por el STJ; un segundo juicio con nuevos testigos y una nueva condena que finalmente, tras varios recursos presentados por la defensa, quedó firme. En el medio, los cruces sobre la culpabilidad de Rivas y las críticas a la investigación por la falta de pruebas y por los nuevos testigos que aparecieron en el último debate. De hecho, el segundo Tribunal que sentenció a la mujer, reconoció condenarla “sin prueba directa”, pero con una “constelación de indicios”.Prisión y domiciliaria
El 25 de febrero de 2015 fue la primera vez que Rivas ingresó a la Unidad Penal N° 6 de Paraná a cumplir la condena. Un año después, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó el fallo condenatorio. La mujer vivió en el encierro tres años, seis meses y ocho días, porque el 4 de septiembre de 2018 el Juzgado de Ejecución de Penas le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria. Rivas la había solicitado, a través de su abogada Mabel Buttazzoni por tener una hija menor de edad, por entonces de 17 años, quien se encontraba a cargo de su abuelo.La condenada tenía todos los informes técnicos criminológicos desfavorables, pero la jueza Cecilia Bértora valoró por encima de estos dictámenes las razones humanitarias y el interés superior del niño y le concedió la domiciliaria, que debía cumplir con tobillera electrónica.
Rechazo
Tanto el Ministerio Público Fiscal como el querellante que representa a la familia Benedetich, Marcos Rodríguez Allende, presentaron recursos de Casación para reclamar que Rivas vuelva a la cárcel. El 26 de noviembre de 2018 la Cámara de Casación Penal de Paraná coincidió con los acusadores y revocó la prisión domiciliaria. Entre otras cuestiones, se planteó que si bien la mujer tenía una hija menor, había otros familiares que podían cuidarla, tanto a ella como al abuelo; por ejemplo, un tío que vive a pocos metros de la casa.Planteo
Antes de que se ordene el regreso de Rivas a la Unidad Penal, la abogada de Rivas presentó contra esta resolución una impugnación extraordinariaante el Superior Tribunal de Justicia. El 22 de febrero de 2019, Casación elevó las actuaciones a la Sala Penal donde el expediente quedó en un cajón. Pasó todo 2019, todo 2020 y el trámite recién vio la luz hace unos días. El martes 27 de julio pasado registró el primer movimiento, donde se informó al procurador general Jorge García y al querellante sobre el planteo de la defensora, para que se pronuncien sobre la impugnación planteada.
Los pasos
Ahora pasará un tiempo más, hasta que cada parte acusadora presente sus dictámenes y luego se convoque a una audiencia para discutir el caso ante la sala integrada por los vocales Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Miguel Ángel Giorgio. Habrá que ver si se solicitan nuevos informes, ya que la situación personal y familiar de Rivas podría haber cambiado a lo largo de estos dos años, 10 meses y 26 días en que la mujer siguió cumpliendo la prisión perpetua por el asesinato de su marido en su casa.La hija ya es mayor
Al ser consultado por Uno, el representante de la familia Benedetich, Rodríguez Allende, dijo: “Nosotros como querellantes hemos rechazado la prisión domiciliaria que solicitara oportunamente Rivas, creemos que los parámetros que establece la ley no estaban dentro del encuadre legal, por un lado, allá por 2018, y ahora menos aun porque la hija ya es mayor de edad y se perdieron hace mucho tiempo las dos condiciones que la jueza de Ejecución había establecido”.
Además, expresó una preocupación que tiene tanto la familia de la víctima como la Fiscalía: “Se corren muy serios y objetivos riesgos de fuga con esta situación tardía de resolución por parte del STJ, de tener más de dos años y medio una causa en el cajón”.
Pronto se evaluará una situación algo insólita, ya que se trata de una persona condenada a la máxima pena que recién comenzaba a cumplirla cuando recibió la domiciliaria. Y pese a la condena, deja también la sensación de injusticia a los familiares de la víctima que han tenido muchas idas y vueltas hasta llegar al fallo final y desde hace casi tres años siguen haciendo lo mismo que muchos: esperar.
“Dificultades en reconocer las limitaciones” de la condena
Nunca queda claro el nivel de importancia que tienen para la Justicia los informes de los profesionales que intervienen en los procesos judiciales, sean los Equipos Técnicos Interdisciplinarios del Servicio Penitenciario o de los Juzgados. En algunos casos parecen ser fundamentales, en otros pueden ser soslayados o tienen menor peso que la valoración de leyes o jurisprudencia.
En el plano psicológico el equipo que la evaluó expresó que la condenada “evidencia dificultades en poder reconocer las limitaciones que la presente condena conlleva en cuanto al desempeño activo de sus funciones maternas y familiares y los efectos que la condena personal también generará en el núcleo familiar secundario y primario”.
En este sentido, la Cámara de Casación Penal de Paraná entendió que “no estaban dados los requisitos para otorgar la prisión domiciliaria, en tanto existen otras alternativas al problema familiar planteado que no han sido ponderadas, a la vez que los profesionales evaluadores han desaconsejado el instituto solicitado”
Se sabe que muchas veces hay diferencias entre las opiniones de estos camaristas y los vocales de la Sala Penal del STJ. Habrá que ver lo que resolverán en este caso los integrantes del máximo tribunal provincial, aunque casi tres años después los hechos a juzgar no son los mismos y el panorama ha cambiado.
