La nueva versión
Según se informó a Uno, el fiscal puso esa declaración en conocimiento del Juzgado de Garantías, el cual a su vez lo comunicó al Superior Tribunal de Justicia, cuya presidenta, Claudia Mizawak, lo transmitió al procurador general, Jorge García. Así se dispuso al fiscal Ignacio Aramberry que se profundice en las averiguaciones para corroborar o desechar esa sospecha. Al confirmarla, supieron que había más de lo que imaginaban: una red de personas de su confianza son las principales sospechosas de integrar la banda.
Desorden y delito
En Tribunales nadie duda de que la Sección Depósito de Efectos Secuestrados era un descontrol desde hacía mucho tiempo. En el contexto de una creciente circulación de armas de fuego en la ciudad de Paraná y en toda la provincia, en la última década, y por lo tanto de secuestros en distintos procedimientos, el lugar donde antes los juzgados y después las fiscalías enviaban las armas para guardarlas a la espera de la resolución de la causa, se abarrotaba día a día.
Por esto, se creía que el desorden podría dar lugar a situaciones confusas o delictivas, aunque nunca al nivel de lo destapado hace casi un mes. Así fue que en 2014, el STJ planteó destinar un lugar más amplio al que está en la planta baja del edificio central de Tribunales, e implementar un sistema menos precario para gestionar y controlar los efectos.
Explicar lo inexplicable
En este marco, se labró un convenio con el Ministerio de Justicia de la Nación que contemplaba entre otras cosas que el Poder Judicial entrerriano pueda tener un intercambio de información digitalizada con el Registro nacional de Armas (Renar), y que este organismo sea el encargado, de manera centralizada, de la destrucción de las armas. Luego, a pedido del STJ, llegó a Paraná una delegación del Renar para hacer un control del Depósito de Tribunales y analizar pasos a seguir en cuanto a las pautas sobre cómo hacer la entrega de las armas que iban a ser destruidas, para no dar lugar a puntos oscuros en el procedimiento.Luego, en agosto de 2015, se dispuso desde el STJ un plan de saneamiento del área en cuestión, y se pedían informes periódicos para sobre el avance. Pero la ejecución del plan estaba en manos de personas que contaban con la confianza de las autoridades.
Comenzó una serie de planteos por parte de los empleados judiciales del lugar, consistentes en la necesidad de mayor personal y escasez de recursos, entre otros. Hoy, a la luz de la investigación actual, creen que se trataba de excusas para no evidenciar lo que estaba ocurriendo.
Llegó fin de año, la feria judicial y el cambio de autoridades nacionales, que paralizó el convenio con el Renar.
Descubrir el negocio
Fuentes judiciales informaron que en enero, en medio de una investigación por un hecho delictivo, un fiscal le tomó declaración a un hombre, quien le confesó que había comprado o alquilado un arma de fuego a una persona que la obtenía de Tribunales. Y dio el nombre de uno de los sospechados en la causa por la venta de armas del Depósito. La declaración le llegó al juez de Garantías, quien la remitió a su vez a la presidenta del STJ. Mizawak se contactó con el procurador García para sugerir el inicio de la investigación y le dijo que iban a contar con el apoyo necesario para esclarecer lo que estaba pasando.
En medio de estos movimientos, los integrantes de la organización delictiva dieron algunos pasos en falso por los cuales quedaron en evidencia. Las escuchas telefónicas fueron clave para conocer la red de personas que intervenían con distintos roles en el delito, hasta que a principios de mayo se ordenaron varios allanamientos y detenciones. Así fue que la causa impactó en las autoridades judiciales por las personas que se vieron involucradas y la red delictiva que habrían conformado, no así por el desorden del área ya conocido, y la faltante de armas, que ya se sospechaba.
Los acusados
Se trataba nada menos que del perito balístico del STJ, Antonio Daniel Vitali, y un empleado del Departamento Médico Forense, Maximiliano Bertoni. También quedó acusado el encargado del Depósito, Fabricio Santapaola, por aparente omisión en el control del lugar. Los otros implicados son dos personas de apellido Brítez (padre e hijo), por aportar una vivienda donde se guardaban armas que iban a ser vendidas o alquiladas, y otros dos que están sospechados de comercializarlas: Eduardo Borgogno y Mario López. Además, hay una mujer acusada de haber comprado un arma con el fin aparente de seguridad personal.
Los tres empleados judiciales están sumariados por el STJ, y cobran, mientras tanto, la mitad de su sueldo.
Pruebas que hay y que faltan
En el transcurso de estas últimas semanas hubo varios procedimientos en busca de más pruebas. A su vez, varios de los imputados declararon y le apuntaron a Vitali como el jefe de la banda, aunque este lo negó.
Se allanó una armería donde el STJ tiene una cuenta para la compra de municiones para las pericias. El dueño del comercio dio precisiones sobre los movimientos y las personas que iban a comprar para el Poder Judicial.
A su vez, continúa como desde el primer día el inventario que realizan en el Depósito policías de la División Scopometría y de Robos y Hurtos. Una tarea que consiste en revisar uno por uno los efectos, cotejar los rótulos con lo que hay en el interior de cada bolsa y luego analizar qué sucedió con lo que falta. Llevará varias semanas más y cada día se constata una creciente faltante de armas.
La semana que acaba de pasar fue requisado un taller pericial del segundo piso de Tribunales, donde Vitali y otras personas trabajaban en las medidas solicitadas por los jueces. En el lugar se secuestraron cinco cuños que, según se sospecha, habrían sido los utilizados para suprimir las numeraciones de las armas que iban a ser vendidas, y así evitar que sean identificadas si volvían a ser incautadas.
La semana que viene se realizará una pericia caligráfica de unas hojas que fueron secuestradas en la casa de Bertoni. Las mismas contienen anotaciones a puño y letra de armas, precios y clientes, por lo que se buscará saber si fue Bertoni o Vitali quien las escribió.
El perito balístico del Superior Tribunal de Justicia, Antonio Daniel Vitali, está imputado del delito de Peculado (por la sustracción de armas incautadas en Tribunales) y venta ilegal de armas de fuego, y se encuentra con prisión preventiva domiciliaria. Lo defiende el abogado Marcos Rodríguez Allende.
Cuando el fiscal Ignacio Aramberry le tomó declaración, negó rotundamente la acusación, dijo que no se explica por qué lo implicaban en el hecho, y que lo que sucedió era consecuencia de la desorganización que existía en el Depósito. Informó que en menos de dos años hubo tres mudanzas de las armas secuestradas en Tribunales y cree posible que en esas circunstancias se haya producido un robo hormiga de las mismas.
La semana pasada solicitó una ampliación de la declaración de imputado, en la que describiría con mayor exactitud las fechas de esos traslados de armas y las personas que participaron y también podrían aportar información.
