Policiales Allanamientos en Paraná

Empleados judiciales involucrados en presunta venta de armas: Cinco detenidos

Se investiga una posible asociación ilícita de empleados de los Tribunales que habrían estado negociando con delincuentes armas secuestradas por la Policía. Cómo se inició la investigación que derivó en 10 allanamientos en Paraná.
Cinco personas, entre ellas una ligada laboralmente a un área específica de los Tribunales de Paraná fueron detenidas ayer por la Policía y se efectuaron en total 10 allanamientos en la capital provincial, relacionados con una causa que investiga la presunta venta de armas que ocasionalmente fueron secuestradas y que se encontraban bajo resguardo judicial.

Los procedimientos, efectuados por personal de la División Robos y Hurtos, que depende de la Dirección de Investigaciones, fueron simultáneos y comenzaron ayer, poco después de las 17 en Paraná ciudad, bajo la supervisión del jefe y subjefe de la dependencia, comisarios Carlos Schmunk y Gerardo Cornejo, respectivamente.

La investigación se habría iniciado el 14 de febrero, cuando en la comisaría cuarta llamó poderosamente la atención una asombrosa coincidencia: un revólver secuestrado de manos de un conocido y peligroso delincuente, tenía las mismas características de otro que había sido decomisado en el marco de un anterior hecho delictivo, por no decir directamente que se trataba del mismo, hasta tanto se avanzara en las pericias.
Tras una serie de averiguaciones y de poner en conocimiento de esta "rara" situación al fiscal Ignacio Aramberri, se comisionó al personal de Robos y Hurtos para que iniciara un seguimiento del caso, ante una sospecha que de comprobarse, avizoraba que se podría transformar en un escándalo, ya que ese revólver, tras el primer secuestro, había sido entregado a autoridades judiciales y había quedado archivado en el depósito que para esa finalidad existe en el edificio judicial de calle Laprida.

Los investigadores fraguaron supuestos intentos de negociación, vía telefónica y en el afán de lograr llegar a establecer una conexión, para confirmar si verdaderamente existía el proveedor dentro de Tribunales. Según El Diario, algunos arriesgaron hasta dineros propios, buscando llegar a probar que estaban en el camino correcto, siempre bajo el pleno conocimiento de un fiscal, aunque tratando de mantener el más absoluto hermetismo dentro de la fuerza. Incluso, se intentó en todo ese tiempo mantener el secreto de la investigación en el mismo ámbito del Palacio de Justicia, donde personal que aparentemente debía velar por la guarda de armas secuestradas, se hallaba bajo sospecha.

En los primeros días de marzo, ya avanzadas las averiguaciones y con nombres y apellidos concretos bajo sospecha, se solicitaron vía judicial una serie de escuchas telefónicas, las que fueron analizadas durante los últimos dos meses, considerándose ayer, que con el cúmulo de elementos incorporados, se estaba en condiciones de cerrar la etapa de investigación policial y se fundamentaron una decena de allanamientos, de los cuales al menos cinco estaban dirigidos a un empleado judicial que se desempeñaría en el área del departamento Médico Forense, a otras dos personas, una de ellas de oficio tatuador, el tercero, un sujeto que guardaría algunas relaciones con el submundo del hampa y dos personas que a sabiendas de la procedencia de las armas habrían oficiado de compradores, los que por disposición judicial quedaron detenidos, según se deslizó desde un sector de la investigación.
Además se allanaron domicilios de otros empleados judiciales que también guardarían relación con el trabajo de preservar bajo llave el armamento secuestrado.

Finalizados los procedimientos, el comisario Carlos Schmunk, confirmó que "se secuestraron algunas armas, municiones, documentación, herramientas afines a la actividad relacionada con armas y elementos que proveerán de mayores datos para seguir avanzando en la investigación".
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