El empleo en negro es uno de los mayores desafíos que afronta el Gobierno: afecta al 35% de la fuerza laboral (unos 4 millones de personas) que no tiene acceso a los beneficios de quienes están registrados. La paradoja es que es el propio Estado el que no cumple con las leyes, según varios fallos de la Corte Suprema de Justicia, por lo que las indemnizaciones serán millonarias, advierten los especialistas.
Un trabajador con sólo tres años de antigüedad y un sueldo de $ 20.000 puede demandar al Estado por $ 180.000, a lo que hay que sumar costos que hacen que la cifra llegue a $ 230.000. En algunos casos, porque los estatales tienen estabilidad en su cargo, el juez puede ordenar que se los reinstale y se les paguen los sueldos no percibidos.
Hacer tareas igual que un empleado en relación de dependencia, facturar como monotributista al mismo organismo, tener un salario inferior al de quien realiza un trabajo similar, carecer de aportes a la seguridad social y no tener aguinaldo y vacaciones son algunas desventajas de quienes son empleados irregulares del Estado sin que se los admita como tales.
"La ley prevé que el límite máximo de contratación por parte del Estado debe ser fijado por el convenio colectivo de trabajo del sector público", dice Marcelo Aquino, de Aquino Báez Abogados. "Y el convenio colectivo del sector, homologado por el decreto 214/2006, establece que tal porcentual será del 15%", explica. Sin embargo, la precarización es tan extendida que existe dentro del mismo Ministerio de Trabajo y en la propia AFIP, donde hay inspectores que son monotributistas.
"Existen tres maneras de contratar", explica el abogado Juan Carlos Cerutti. socio del estudio Cerutti-Darago-Lupi & Asoc. "Los empleados de planta permanente, que deberían ingresar por concurso y que tienen estabilidad, ya que sólo se los puede despedir con causa o porque desaparece su puesto". "Los de planta transitoria que son empleados con obra social, aportes, vacaciones, aguinaldo, licencias por enfermedad y demás. Pero no tienen indemnización por despido ni estabilidad en el cargo, ya que se supone que deben ser contratados para tareas transitorias y eventuales, y no para tareas normales", dice.
En tercer lugar, están los contratados como monotributistas o autónomos. "Son por 6 a 12 meses, renovables y facturan cada mes. No tienen aportes de ninguna naturaleza, ni ART, aguinaldo, vacaciones, ni nada. A los transitorios y contratados el Estado (desde siempre, pero con mayor cantidad luego de 1990), los utiliza para no engrosar la planta permanente y poder despedir cuando quiera sin indemnizar", agrega Cerutti.
Según el Ministerio de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra, ya se dejaron de renovar 6196 contratos porque se trataba de personas que cobraban un sueldo y no asistían a su trabajo, o porque se dedicaban a la militancia y no al servicio público, o por duplicación de tareas. "Cuando tenés 10 personas para atender un teléfono, algo pasa", dijo Ibarra en un contacto con la prensa. Allí admitió que "hubo algunos amparos", cuando se le preguntó sobre los juicios al Estado que desde hace años llevan adelante los contratados o de planta transitoria cuando se da de baja el vínculo laboral.
El Presupuesto nacional reconoce que son 66.236 los contratados en la administración nacional y organismos descentralizados. Pero la cifra crece varias veces si se incluyen a provincias y municipios, como contabiliza ATE.
Cerutti estima que un trabajador contratado o de planta transitoria que prestó tareas por sólo 3 años con un sueldo de $ 20.000 brutos (normal, según Ibarra para este tipo de cargos), puede ser indemnizado con unos $ 180.000 que corresponden a: un sueldo por año ($ 60.000), más 6 sueldos por preaviso ($ 120.000), a lo que se suman los honorarios de abogados ($ 36.000) y peritos ($ 12.600). El Estado entonces debe desembolsar $ 228.600, de mínima. "En Aerolíneas Argentinas encontramos gente con cargo gerencial y sueldos de 50.000 pesos sin oficina. Cualquier indemnización gerencial puede llegar a los $ 600.000", dice una fuente de la compañía.
El secretario general de ATE, Hugo Godoy, va más allá y afirma que "la perversión ha sido tal que gente con planes sociales trabaja para el Estado, pero no es reconocida como trabajador". Y puso como ejemplo los barrenderos. "Su relación con el Estado es ninguna. Son trabajadores precarizados".
La ley, de su parte
El director del departamento de Derecho de la Universidad Austral, Miguel Angel Abdelnur, explica los requisitos para que el personal contratado por el Estado esté dentro de la ley: que estén por tiempo determinado, exclusivamente para servicios u obras de carácter transitorio o estacionales, que no cumplan tareas normales y habituales de la administración pública y que su trabajo no pueda ser cubierto por personal de planta permanente."El Estado contrata a trabajadores con el fin de realizar tareas comunes y habituales de la administración pública, pero de manera irregular. De esta manera, carecen de los derechos y beneficios que sí tienen personas que cumplen sus mismas funciones", dice Abdelnur.
"La remuneración del trabajador estatal es mucho más alta que la del personal contratado", agrega el abogado laboralista Julián de Diego.
Además, en teoría, pueden ser dados de baja aun antes de que se termine su contrato (en la mayoría de los casos, renovado durante años).
¿Por qué creció la contratación irregular? "Porque cada organismo tiene un límite de gente para su plantel y lo elude a través de este tipo de contrataciones. Así, un empleado estable y un contratado trabajan en el mismo mostrador y hacen las mismas tareas, pero con diferentes categorías", afirma De Diego.
La ofensiva oficial contra los denominados ñoquis encarna el riesgo de juicios. "Nadie lo hace mientras está en forma irregular, pero sí al cesar el contrato, y el resultado final puede ser, además de la indemnización, su reinstalación en el puesto, como se vio en el caso Madorrán [por Marta Cristina Madorrán, una ex empleada de la Aduana favorecida por un fallo de la Corte Suprema en 2007]", dice el abogado.
Aunque el ministro Ibarra dice que "no se puede hablar de despidos sino de un ordenamiento inicial producto de una situación heredada", los gremios tienen otra visión. "Un criterio es dejar afuera a quienes fueron efectivizados en el último año, sin tomar en cuenta que quizá trabajaban antes bajo la modalidad de contratados", aduce Godoy.
"La mayoría de los alcanzados por esta primera tanda de despidos fueron los que estaban en una situación de mayor precariedad", informa el Observatorio de la CTA. "Integrantes de cooperativas de trabajo que realizaban tareas propias del sector público y eran obligados a vincularse por medio de una locación de servicios o integrantes de la planta transitoria, por más que se mantuvieran en dicha condición por años", denuncia. Y advierte que la precarización contractual se extiende "a nivel nacional, provincial y municipal".
Un fenómeno extendido y caro de resolver
-Según la cifra contemplada en el Presupuesto nacional, la cantidad de empleados públicos contratados es de 66.236. Según el gremio ATE, la cifra supera las 600.000 personas si se incluye a provincias y municipios.
-Abogados laboralistas destacan que ante una desvinculación estos empleados ganan el juicio por despido, como lo prueban varios fallos de la Corte
-El costo promedio de una indemnización para alguien que trabajó 3 años como contratado ronda los $ 180.000, según cálculos privados. Fuente: (La Nación).-
