Aun así, lo que más conmovió es que los homicidas cobraron entre 200 y 400 mil pesos por haber ejecutado a los trabajadores Héctor Raúl Figueroa (43 años), Diego Alejandro Celentano (38), Marcos Iván Daloia (39) y Bruno Bussanich (25) en la ciudad santafesina.
Durante la lectura de las imputaciones se constató que Alejandro Núñez, alias Chucky Monedita, encargó los asesinatos de los taxistas Figueroa y Celentano desde el penal Piñero donde está preso.
Se destaca que el reclutamiento de los sicarios fue organizado por su pareja, “La Doña”, quien cumple prisión domiciliaria en la localidad de Funes.
Se estableció además que días posteriores a los dos primeros crímenes el capo narco Esteban Lindor Alvarado organizó una reunión desde el penal de Ezeiza para llevar a cabo los otros hechos que movilizaron a Rosario.
En estos dos casos un joven que cumple con prisión domiciliaria fue la persona que llamó a los sicarios para los siguientes asesinatos y así luego darles una recompensa de $400 mil.
Otra de las cuestiones que se informó en la audiencia clave, que pasó a cuarto intermedio, es que el adolescente que mató al playero Bussanich también habría gatillado a uno de los taxistas.
Detalles de trama
El día que mataron a Héctor Figueroa, primera víctima de la secuencia de trabajadores asesinados en marzo pasado, en el Gigante de Arroyito el local recibía a Vélez. Ese día, a un chico de 15 años lo llamaron a un domicilio de Lamadrid y Presidente Roca para concretar el ataque. Le dijeron que tenía que hacer el hecho en el entretiempo del partido. “Cuando hay partido toda la policía está en la cancha”. El taxi de Figueroa se ocupó en Oroño y Uriburu. Cuando llegaron al destino apareció el chico de 15 años. “Le tiré desde el costado pero un poco hacia adelante”. El arma se la había dado "Gusti". Después el chico la devolvió y la vendieron.Por este hecho, según lo indicado, cada uno de los menores que participó cobró 300 mil pesos. Uno de ellos le dio 100 mil pesos a su mamá y con el resto al día siguiente se fue a comprar ropa.
En una audiencia atiborrada de detalles como éste, los investigadores de la secuencia de atentados ocurridos en Rosario entre el 5 y el 10 de marzo pasados empezaron a atribuir las responsabilidades por el hecho a cinco personas. Una de las principales, que escuchaba desde Piñero, es Alejandro Núñez, alias Chuky Monedita. A él le atribuyeron haber ordenado la saga sangrienta que incluyó a dos taxistas, un chofer de la línea K y un playero de estación de servicio. Su mujer, Brenda Pared, que cumple en Funes prisión domiciliaria, la única que visitaba a Chuky en Piñero, fue quien según la evidencia expuesta por los fiscales ordenó los atentados, seleccionó junto a otras personas a los ejecutantes menores de edad y proveyó los recursos para concretarlos.
"Arriba de todo está Alvarado pero no se mete. El que ordena acá es Chucky. Macarena maneja los búnkeres. Matute tomó más poder y se hace cartel", dijo uno de los involucrados, en el registro de evidencia que utilizó el fiscal Saldutti para imputar. Según los fiscales, en el campo de la investigación se insinúan dos grupos. Uno es el de Chucky Monedita. Otro sería el de Alvarado. Ambos lucen conectados en un hecho: el crimen del playero Bruno Brussanich, asesinado en Mendoza al 7660, el 9 de marzo.
En la primera parte de la audiencia, el fiscal Patricio Saldutti se concentró en la primera parte de los hechos: los crímenes de los taxistas Figueroa y Diego Celentano y el tiroteo a la comisaría 15. Hubo cinco imputados que siguieron la sesión en su lugar de detención. Los acusaron de haber formado parte de los ataques armados para generar conmoción pública tras la selección de objetivos sensibles como choferes, farmacias y estaciones de servicio logrando de este modo atemorizar a la población en general.
Saldutti sostuvo que tuvieron como fin infundir temor y conmover a la sociedad toda y a la comunidad de taxistas en particular, provocando el cese del transporte y posteriormente el del expendio de combustible. También amedrentar al gobernador Maximilano Pullaro y ministro de seguridad Pablo Cococcioni. El motivo alegado fue afectar el ejercicio de sus funciones públicas a sabiendas de que esto conmovería a la sociedad y afectaría la aplicación de políticas públicas, como respuesta a las restricciones aplicadas en prisiones provinciales a presos de alto perfil.
Chuky Monedita cumple condena por homicidio en el pabellón 28 de Piñero y es uno de los imputados en la audiencia. En la que también están acusados su mujer Brenda Pared, Macarena Muñoz, Gustavo Márquez y Axel Uriel R. También Matías M., apodado Matute.
El fiscal Saldutti reseñó que, desde el pabellón 28, Chuky Monedita determinó y encomendó a Brenda Pared, alias La Cote, que estaba en prisión domiciliaria en Funes, que organizara la comisión de los hechos ofreciendo recompensa. Según el fiscal, Brenda seleccionó los objetivos y junto a sus colaboradores les impartieron las instrucciones y los recursos al grupo ejecutor, al tiempo que seleccionaron menores para la comisión de esos hechos.
El 5 de marzo, Gustavo Márquez, Macarena Muñoz y Matute convocaron a los menores dos de 16 años a Lamadrid y Roca, les dieron las instrucciones y les entregaron el arma y una nota. Michel C. y un menor llamado CNT fueron a Oroño y Uriburu. Allí uno del grupo tomó el taxi RA 4139 conducido por Héctor Figueroa hacia Flammarion y Lamadrid. Michel C. alertó a un chico, el elegido para disparar, que el taxi estaba en camino. Cuando el taxi arribó al destino, el chico abrió fuego contra Figueroa mientras que el otro chico, que iba de pasajero, bajó para escapar y en la acción perdió una de sus zapatillas.
Según el planteo imputativo los chicos escaparon y se encontraron con Macarena. Ella les retiró el arma y les pagó. Luego se apersonó otra mujer y les pagó 300 mil pesos a cada uno.
“Un testigo de identidad reservada explicitó que “Chuky le daba órdenes a Brenda y ella a Gusti y Macarena. Estos buscan a los chicos. Chuky mandó a hacer esto porque lo estaban verdugueando adentro”, sostuvo el fiscal. En esta acción, los chicos debían dejar una nota que, en el descontrol de la huida, se olvidaron de dejar. “La carta era para Pullaro y Cococcioni para que dejen de boludear a los presos”, dijo uno de quienes declararon en el caso.
La imputación con distinciones según los roles es homicidio agravado por uso de arma, por promesa remuneratoria y utilización de menores de edad para su comisión.
La expectativa institucional frente a uno de los episodios más impactantes de la historia criminal de la ciudad, el asesinato al azar de trabajadores como aparente respuesta a una política pública, se vio en el público que asistió a la audiencia. Estaba junto a parte de su equipo el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni. También la fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich, y el fiscal regional interino de Rosario, Matías Merlo. La titular de la Comisión de Acuerdos de la Legislatura, Lionella Catalini, también asistió.
