Según el planteo de la demandante, su esposo, que falleció tiempo después de la intervención, era atendido regularmente por el médico en el sanatorio Concordia, pero al momento de la operación programada, habría sugerido realizarla en el quirófano del Masvernat.
El punto es que, a pesar de haberse utilizado todo el andamiaje de la salud pública, el profesional señalado le habría cobrado una suma de $ 100.000, por lo que el Ministerio Público Fiscal, representado por el Dr. José Arias, entiende que la acción se encuadra en el delito de “concusión”.
Según detallaron desde el Poder Judicial a este medio, “estas causas suelen ser caratuladas generalmente como cohecho”, pero en rigor, “la concusión es el término correspondiente para apuntar cuando un funcionario público, en uso de su cargo, exige o hace pagar a una persona una contribución, o también al cobrar más de lo que le corresponde por las funciones que realiza”.
El pasado lunes, la causa contra el profesional debía haber tenido su correspondiente audiencia de remisión a juicio, pero la misma no se llevó a cabo y ahora el juez de Garantía deberá establecer una fecha para ese propósito, según indica Diario Río Uruguay.
