Sociedad Avanzan con sumarios

Podrían cesantear a empleadas que filmaron a pacientes psiquiátricos

Se trata de tres empleadas, de las cuales dos tienen tutela sindical, por cuanto son delegadas de UPCN. Aún siguen en funciones, aunque el Ejecutivo ordenó el inicio de un sumario. El hecho ocurrió en el Hospital Camino, de Federal.
El Gobierno dispuso la instrucción de un sumario administrativo a las tres empleadas del Hospital Colonia Raúl Camino, de Federal, a quienes se acusa de haber filmado con un teléfono celular a dos pacientes, mientras mantenían relaciones sexuales, y después haber viralizado esas imágenes en las redes sociales.
Las trabajadoras investigadas son Vanina Fabiana Maldonado, María Betiana Leiva y Verónica Ducasse, y por cuanto su conducta se correspondería con las causales de cesantía previstas en la Ley Marco del Empleo Público Nº 9.755. Dos de ellas, Maldonado y Leiva son, además, delegada de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).
Sumarios y presentación en la Justicia
Lo que seguirá ahora es que el tema saldrá de la órbita del Ministerio de Salud, donde empezó la tramitación luego de que se conociera el escandaloso video (que, entre otras cosas, viola los principios de la Ley Nº 26.657 de Derecho a la Protección de la Salud Mental) y quedará en la Fiscalía de Estado, con la intervención de la Dirección de Sumarios y el inicio de una presentación en la Justicia para conseguir el desafuero de las dos delegadas gremiales.

El hecho ocurrió el lunes 12 de junio, aunque en el Ministerio de Salud recién tomaron conocimiento el viernes 16. Las autoridades actuaron rápidamente no bien tomaron nota del incidente, al punto que el director del Hospital Psiquiátrico de Federal, Mauricio Díaz, fue citado a Paraná el sábado 17, y llegó a la capital provincial con toda la documentación del caso para entregársela al asesor legal Germán Coronel.
Siguen trabajando
Las tres trabajadoras que cometieron ese hecho vandálico y de violación a los mínimos principios de respeto a la dignidad de los pacientes, sin embargo, todavía siguen en sus puertos. Tienen la garantía de la estabilidad del empleo público y por tanto no pueden ser removidas sin que antes se sustancie un sumario administrativo. "Hubo mucha indignación, pero ahora el clima está un poco más calmo, aunque las tres empleadas siguen en sus lugares, trabajando", aclaró el director del Hospital Raúl Caminos, en diálogo con El Diario.

Cuando el caso estalló públicamente, a horas de la asunción de la nueva ministra de Salud, Sonia Velázquez, hubo un pronunciamiento público desde el Gobierno, de condena al proceder de las tres empleadas.
"Esto hecho gravísimo vulnera la Ley de Salud Mental. Vulnera absolutamente todos los paradigmas que impuso la nueva Ley de Salud Mental. Se ha violentado la intimidad de los pacientes, no se han respetado principios básicos que impone que los pacientes no pueden ser objeto de burla ni sometidos a situaciones degradantes", indicó entonces la ministra.
Ambiente con resguardo
El mayor impacto fue a consecuencia de la vulneración de los derechos de los pacientes que hubo al divulgarse una grabación que violentaba su intimidad. La Ley Nº 26.657 de Derecho a la Protección de la Salud Mental fija entre los derechos de los pacientes de los hospitales de salud mental a "recibir un tratamiento personalizado en un ambiente apto con resguardo de su intimidad, siendo reconocido siempre como sujeto de derecho, con el pleno respeto de su vida privada y libertad de comunicación".

Las tres empleadas, además se ser sometidas a sumario, también han sido denunciadas ante la Justicia.
El hospital de Federal es, como todos los centros de salud mental con internación, de puertas abiertas, y los pacientes deambulan por el extensísimo predio ubicado sobre la ruta provincial Nº 5, a tres kilómetros de Federal. El lugar ocupa un predio que antes fue del Ejército, conformado por varios pabellones amplísimos. A un costado de uno de esos pabellones, tres empleadas filmaron a dos pacientes, y luego subieron el video a las redes sociales.
Proceso contra las empleadas
Las empleadas que están siendo investigadas por ese hecho, considerado gravísimo por el área de Salud, son Vanina Maldonado, quien es técnica en esterilización en el Hospital de Federal; María Leiva, quien cubre una suplencia extraordinaria en el área administrativa; y Verónica Ducasse, quien cumple funciones de mucama. Las tres están nombradas en el expediente que se abrió formalmente este lunes para dar inicio a la instrucción sumaria.

Ahora, como primera medida, se supo que a las empleadas se la investiga por estar presuntamente incursas en las causales de cesantías previstas en el artículo 71° inciso C) de la Ley N° 9755, del Marco Regulatorio del Empleado Público en la provincia, en "virtud de la falta grave en el desempeño de sus funciones por inobservancia de las obligaciones inherentes en su cargo según lo dispuesto por los artículos 61°, incisos a), b) y f); 62°, inciso h), j) y k) de la referida norma legal".
No significa inmunidad absoluta
El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, explicó qué camino seguirá el proceso a las tres empleadas investigadas del Hospital Psiquiátrico de Federal. En particular, dos de ellas que tienen fueros gremiales.
"Todo gremialista tiene fuero gremial que es una protección contra toda arbitrariedad que podría darse en el Estado. Es un paraguas legal contra las sanciones impuestas arbitrariamente, consideradas como actos de persecución gremial", expresó.
Pero ello, abundó, "no significa inmunidad absoluta. Si estamos frente a un delegado gremial, lo que se hace es un proceso judicial en el que se pide al juez que le quite los fueros para poder sancionarlo".

En el fuero del Trabajo
"Se trata de un proceso judicial simple en el que se pide al juez el desafuero de modo de permitir iniciar el sumario administrativo. El juez no puede negar el pedido", apuntó el fiscal de Estado.
De ese modo, puede arrancar el proceso contra el empleado sospechado en falta, y que tiene tutela sindical: se lo llama a indagatoria, se le hace la imputación, se presenta la prueba, y luego el dictamen de la comisión asesora de disciplina. Finalmente, si la acusación se prueba, la sanción de la autoridad de nombramiento. Fuente: (El Diario).-

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