Sociedad Datos útiles

Ofrecen $ 500.000 de recompensa por prófugo de la causa narco en Itatí

El Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa de 500.000 pesos para quienes brinden datos útiles sobre el paradero del sindicado jefe narco correntino Luis Alberto Saucedo.
El Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa de 500.000 pesos para quienes brinden datos útiles sobre el paradero del sindicado jefe narco correntino Luis Alberto Saucedo

El Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa de 500.000 pesos para quienes brinden datos útiles sobre el paradero del sindicado jefe narco correntino Luis Alberto Saucedo (36), alias "Gordo" o "Lucho", quien permanece prófugo en el marco de la causa por el tráfico de marihuana en la ciudad de Itatí.

Según el Boletín Oficial, Saucedo permanece con pedido de captura nacional e internacional desde el 17 de febrero de este año a pedido de un juzgado federal de Corrientes y desde el 13 de marzo por el juez federal porteño Sergio Torres, quien tuvo a su cargo el "Operativo Sapukay", en el que fueron detenidas más de 20 personas, entre ellas, el intendente de esa ciudad, Natividad Roger Teran (50).

Hace dos semanas, se había adoptado una decisión similar respecto a otro de los prófugos Federico Sebastián Marín, quien también está sindicado como uno de los jefes de la organización.

Saucedo está siendo buscado desde febrero pasado, cuando el juez de Corrientes Carlos Soto Dávila solicitó su detención en el marco de una causa por "falsificación de documento público". Luego, el juez Torres ordenó su captura en marzo como por el tráfico de drogas en Itatí.

Según el Boletín Oficial, "las personas que quieran suministrar datos, deberán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas, al número 0800 555 5065" y "el pago de la recompensa será realizado en el Ministerio de Seguridad previo informe sobre el mérito de la información aportada, preservando la identidad del aportante".

Esta causa se inició luego de que se descubrió que gran cantidad de la marihuana que llegaba a la villa 21 del barrio porteño de Barracas provenía de Paraguay, previas tratativas con distintos integrantes de la banda asentados en la provincia de Corrientes.

En un megaoperativo efectuado en marzo, se detuvo al intendente Terán (51); a su vice Fabio Aquino (36), al comisario de Itatí, Diego Alvarenga (51), al exmiembro de Prefectura Naval Julio Saucedo (25) y a otros 22 supuestos miembros de la organización.

En mayo, Torres los procesó con prisión preventiva al darse por probado que integraron una asociación ilícita para la venta de drogas que utilizó a niños para llevar a cabo el delito, amparados por policías y otros miembros de fuerzas de seguridad.

La organización delictiva usaba a chicos en edad escolar a los que llamaba "escueleros" para la descarga de la marihuana que llegaba en balsas desde Paraguay y se estimó que la cantidad de droga que ingresaba a la localidad era superior a las 15 toneladas semanales.

La banda operó desde mayo de 2014 y montó una ruta de acceso por vía fluvial desde Paraguay para luego distribuir y comercializar la droga en la Capital Federal y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Mendoza.

Terán, jefe comunal de la localidad de 8.000 habitantes, era el encargado de "coordinar la obtención de la droga" y dar protección a los demás integrantes de la banda, lo mismo que su ex viceintendente, quienes tendrían un "vínculo cercano con autoridades de la gobernación", se remarcó en el fallo.

El juez consideró que Saucedo, Carlos Bareiro (38) -actualmente preso en Chaco- y Marín tendrían un desempeño preponderante en la banda y coordinaban en mayor medida las operaciones de tráfico ilícito, obteniendo el mayor rédito comercial por estas actividades delictivas.

Este narcoescándalo complica también al actual gobernador radical Ricardo Colombi, sobre quien comenzó a pesar el prejuicio de la sociedad correntina en relación con la presunta conexión entre el poder político local y el narcotráfico.

La provincia elegirá este año gobernador y, aunque Colombi no puede por impedimento constitucional aspirar a un nuevo mandato, será él el encargado de designar a un hombre de su riñón para sucederlo.
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