La semana pasada la jueza María Petrona Martínez llegó de golpe acompañada por policías al jardín de infantes para llevarse a la fuerza a Jano, porque el nene se niega a ver a ese papá que ya le pegó demasiado y hasta le dislocó el hombro izquierdo cuando tenía dos años. Así, ante el estupor de maestras y compañeritos, el nene fue arrancado de su salita a la fuerza. Tanto lloró que tuvo un ataque y terminó internado en el hospital Italiano.
Valeria se enteró cuando fue a buscarlo al jardín, y entonces corrió al hospital. Al llegar escuchaba a su hijo gritar, pero la jueza le impidió ver a su hijo. Se lo impidió a la fuerza: le torció una mano y le agarró el pie con una puerta, contó Valeria. Y le impuso un impedimento de contacto, al entender que la mamá no permitía que el nene viera a su papá. Valeria apeló la medida y pidió la recusación de la jueza. La acompañan varios organismos de defensa de derechos humanos.
"Estoy destrozada. No sé cómo voy a hacer para ayudar a mi hijo en su vida, este trauma no se lo saca más", dice Valeria a Clarín. Jano expresa toda su angustia enfermándose: tiene alopecia (se le cae el pelo), ataques de pánico, hiperventilaciones. Todos los diagnósticos médicos figuran en la causa que lleva adelante desde hace años la UFI 3 del partido bonaerense de La Matanza.
Allí también se enciman las 42 denuncias por violencia que hizo Valeria a Otranto por golpes a ella, a su hijo, a su hermana Katya (le esguinzó dos veces las muñecas), a su hermano Marcelo (le apuntó con un arma).
Pero la jueza María Petrona Martínez, del juzgado de Familia N° 5 no lee, no escucha y no contesta. Clarín la llamó reiteradas veces para consultarla por este caso. El abogado de Valeria, Fabio Sánchez, ya no sabe cómo luchar contra "la violencia institucional que insiste en desoír todas las denuncias y revincular al nene con este padre al que no quiere ver". Y con razón: Otranto se ha burlado de todas las perimetrales que le han impuesto y ha golpeado infinidad de veces a Valeria delante de su hijo, que cada vez que lo ve se hace pis encima.
El operativo policial ordenado por la jueza en el jardín de infantes y su conducta en el hospital fueron el colmo y ahora se metieron de lleno en la causa el Consejo Nacional de las Mujeres, el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CASACIDN) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, que ayer mismo presentó un amicus curiae a la Sala II de la Cámara de Apelaciones de La Matanza, donde está ahora la causa.
Desde el Consejo Nacional de las Mujeres, Fabiana Tuñez, pidió a Martínez "la argumentación en función de una medida emitida en desmedro de una mujer y su hijo, siendo estas víctimas de violencia de parte de su ex pareja. Frente a la presunta arbitrariedad de la medida, se solicitó por distintas vías al Juzgado competente emitir alguna respuesta a las demandas efectuadas, no obteniendo ningún tipo de respuesta. Es decir, informar tanto sobre la medida que otorga el cuidado personal del niño a su abuela paterna como así también, de la medida de restricción perimetral establecida en perjuicio de la madre. En relación a ellas, se solicita dar a conocer los fundamentos para el otorgamiento de dicha medida así como explicitar si fue debidamente notificada la víctima".
Es que la jueza dictó un impedimento de contacto a Valeria y toda su familia, así que el nene desde hace una semana está viviendo con su abuela paterna, a la que nunca había visto antes. "Me dicen los vecinos y las mamás del colegio que lo tiene sedado, que está tan mal y llora tanto que le da pastillas", dice Valeria, desesperada, impotente.
"Este tema viene desde hace años. La primera vez que Valeria vino a vernos fue cuando en una revinculación forzada el nene tiene que ver a su papá en un McDonalds, pero se pelea con la tía, a la que empuja contra una pared y al nene le sacó el hombro izquierdo de lugar. A pesar de eso y de todas las denuncias, desde el juzgado siempre insistieron con la revinculación", explica Schulman a Clarín.
Desde CASACIDN también están preparando otro amicus curiae como el que presentó ayer Pablo Pimentel desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. El Organismo Provincial de la Niñez y la Adolescencia le pidió informes a la jueza, con quien tendrán una audiencia mañana. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) también interviene, porque como dice Schulman "lo que está haciendo la Justicia con este nene es una aberración".
