Crédito: La Capital
Uno de los casos más emblemáticos de la región es la explotación agrícola-ganadera de capitales holandeses Bema Agri -ubicada en la isla Irupé sobre el arroyo Los Laureles, frente a Villa Constitución, desde el año 2008-, que tras la bajante del río retomó paulatinamente algunas de sus actividades productivas a pesar de haber sido clausurada en septiembre del año pasado por autoridades de Victoria por incumplimiento de normas de uso del suelo.
Con buena parte de sus terraplenes destruidos por la crecida, los dueños de la firma europea (que poseen unas 8 mil hectáreas en esa zona) volvieron a trabajar en su explotación, donde hasta noviembre pasado había una planta de acopio de cereales, cuatro silos y un galpón.
Pero además del "despertar" de Bema Agri, desde la organización ambientalista Guardianes de Victoria denunciaron movimientos de tierra y maquinaria pesada para desmontes en las islas frente a Puerto general San Martín a lo largo de unos mil metros de costa.
Desde la comisaría 3ª de islas, frente a Villa Constitución, constataron que al bajar las aguas, "los holandeses" retomaron algunas obras, como la reparación de caminos internos, con el objetivo de retomar sus actividades, aunque aclararon que por ahora -según les relataron los dueños de la explotación- "sólo iban a trabajar con ganado", ya que las tierras quedaron en mal estado para sembrar después de meses de anegamiento.
El punto más conflictivo de las operaciones de esta firma es la explotación agrícola en la zona, que viola varias ordenanzas de Victoria y la ley 8.967 de Entre Ríos, al realizar tareas prohibidas como siembra, construcción y movimientos de suelo.
Elías Eduardo Ruda, representante legal de la Municipalidad de Victoria, fue muy claro: "Según nuestras ordenanzas no está permitido hacer explotaciones agropecuarias en la isla ni tampoco se pueden levantar edificaciones ni silos. Hay que pedir permisos y los planos de ellos fueron rechazados porque eran imposibles de aprobar. Es como si alguien quiere levantar una casa en una plaza en el medio de Rosario", graficó.
En el medio de todo eso, la propia empresa comenzó un juicio contra la Municipalidad pidiendo la inconstitucionalidad de varias ordenanzas y decretos, así como de resoluciones del Juzgado de faltas.
"Para nosotros las ordenanzas no son inconstitucionales; si no, quedaría un vacío del poder de policía", agregó el abogado, quien detalló que Bema Agri no acepta que Victoria tiene jurisdicción sobre la zona de islas también.
La ordenanza 2.185 de Victoria declara a los Humedales "área natural protegida", en tanto que la prohibición de siembra en la zona del Delta está contemplada en la ordenanza 2.472.
Además, la ordenanza 1.787 establece que "todo emprendimiento en territorio de islas dentro del ejido de Victoria, en lo que respecta a construcción, modificación de la topografía del terreno, alteración del ecosistema, quedará supeditado a la aprobación previa del Concejo Deliberante".
Según relataron desde la comisaría 3ª, gran parte de los terraplenes cedió por la crecida del verano, lo que provocó la anegación de los campos. Ahora sólo quedan en pie los terraplenes construidos para "proteger" los galpones donde se guardaba la maquinaria agrícola.
"Cuando bajó el agua fuimos y nos dijeron que por el momento, hasta que la tierra esté en condiciones, se van a dedicar a la hacienda, no a la cosecha, como venían haciendo", explicaron fuentes policiales. "Hoy tienen muy poca maquinaria, sacaron casi todo".
En Puerto. Frente a Puerto San Martín también comenzaron la semana pasada a mover tierra con retroexcavadoras aprovechando la bajante del Paraná, otra zona protegida al tener el estatus legal de reserva de usos múltiples. Ante la constatación de esos movimientos -destinados a la construcción de decenas de amarras náuticas -el grupo Guardianes de Victoria presentó un pedido de informes ante diferentes autoridades para saber si existe autorización oficial para realizar esa clase de trabajo.
"Queremos saber si la Municipalidad o la provincia autorizaron esos movimientos de tierra, ya que es una zona de reserva de usos múltiples y no se puede desmontar", detalló Martín Cudini, de esa agrupación.
La ordenanza 2.185/03 establece que una reserva de usos múltiples tiene un estatus especial de protección, y que los trabajos con maquinaria deben contar "al menos" con autorización y un estudio de impacto ambiental previo.
La denuncia fue presentada ante la Delegación de islas del municipio y en el Concejo Deliberante para saber "si hay autorización", y ante la dirección de Recursos Naturales de Entre Ríos y la Secretaría de Medio Ambiente. "Estamos pidiendo información, porque si esto se está haciendo sin autorización ni nada es urgente que actúe el Estado para volver las cosas a su lugar", remató.
