En esta oportunidad fue posible acordar puntos concretos de acción. En primer lugar, la restricción total para los primeros 500 metros linderos a la represa y a partir de allí regular todas las actividades de pesca y náutica, tanto de orden público como privado. El objetivo de estas medidas, pretendidas por ambos organismos, es la seguridad ante cualquier dificultad que pueda presentarse en el lugar.
Con el mismo lineamiento, es que la Comisión Administradora del Río Uruguay, asumió modificar las reglamentaciones necesarias para implementar estas restricciones. Mientras que, por su lado, la Comisión Técnica Mixta de Santo Grande, se comprometió a solventar los posibles gastos de implementación de custodia de la línea restringida, ya sea a través de medios físicos o barreras electrónicas. Además, recomendarán a prefectura de ambos países sobre la situación, ya que serán los encargados de los controles.
