Según la opinión del alto miembro de la justicia nacional "este temperamento, por lo demás, observa el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en orden al derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial que aseguran a las víctimas los artículos 8.1 Y 25 del Pacto de San José de Costa Rica, sobre el cual ha interpretado que "el deber de investigar es una obligación de medios y no de resultado, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares'. La investigación debe ser 'seria, imparcial, efectiva y estar orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de los autores de los hechos'. La obligación referida se mantiene 'cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun a los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional de! Estado" (caso "Castillo González y otros vs. Venezuela", Serie C número 256, sentencia del 27 de noviembre de 2012, párrafo 151 y sus citas en notas 86,87 y88).
"Por ello, opino que corresponde declarar improcedente el recurso interpuesto", indicó finalmente el procurador adjunto, quien secunda a la doctora Alejandra Gils Carbó. El defensor de Ilarraz, Juan Angel Fornerón, había presentado un recurso sobre la prescripción de la causa, luego de conocerse el fallo de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, lo que sucedió el 27 de abril de 2015. Allí se había decidido la impugnación extraordinaria contra la sentencia dictada por la Cámara de Casación Penal. La Sala rechazó, en un fallo dividido, la posibilidad de la prescripción, y consideró que los delitos imputados al cura son "imprescriptibles", tal como lo venía sosteniendo el procurador general del STJ, Jorge Amílcar García, que fuera el impulsor de la causa.
De esta manera, el cura Justo Ilarraz queda a un paso de la realización del juicio oral y público, lo que se podrá concretar, fecha mediante, tras la elevación que se espera concrete en próximos días la jueza Paola Firpo, tras casi cuatro años de investigación, consigna Análisis Digital.