El acuerdo sobre estos aspectos se forjó en una serie de reuniones en las que participaron la Dirección de Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual del Ministerio de Salud de la Nación y entidades como AHF Argentina, la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP), REDAR y la Red Argentina de Mujeres viviendo con VIH-SIDA, SAISIDA y diversas organizaciones territoriales. Las reuniones tuvieron lugar en las ciudades de Buenos Aires, Venado Tuerto, Salta, Bariloche y Posadas, con el objetivo de garantizar la participación de las organizaciones de base y la comunidad médica de las distintas regiones del país.
"En el '91 tuvimos una ley sumamente progresista para la época y que fue modelo en América Latina -dice Miguel Pedrola, coordinador de AIDS Healthcare Foundation (AHF) Argentina-. Pensamos que podemos volver a ser modelo reformando la ley y convirtiéndola en una norma que defienda los Derechos Humanos de las personas que viven con VIH". AHF fue fundada en 1987 en EE UU y es actualmente la organización de lucha contra el Sida más grande del mundo.
"En su fecha de promulgación, con escasos recursos terapéuticos y costos muy elevados que tornaban casi imposible su acceso, la Ley de Sida fue de enorme importancia y una de las pioneras en la región. Pero hoy, a más de 20 años de su sanción y reglamentación, nos encontramos frente a nuevos escenarios que ameritan una revisión", manifiesta Juan Carlos Cisneros, presidente de la Sociedad Argentina Interdisciplinaria de Sida (SAISIDA).
Concretamente, las modificaciones acordadas giran en torno a:
-Eliminar todo contenido estigmatizante y discriminatorio para las personas que conviven con VIH y las poblaciones históricamente identificadas con la epidemia. Hoy ya no se utiliza la palabra "contagio" sino que se habla de "transmisión", del mismo modo que no decimos más "portadores" sino "personas viviendo con VIH o seropositivas".
-Eliminar el artículo que refiere a la obligatoriedad de la prueba para toda persona que desee radicarse en el país. Si bien es importante tener la mayor cantidad de diagnósticos, estos no pueden lograrse al costo de reforzar prejuicios y vulnerar los derechos de los migrantes.
-Garantizar el ofrecimiento de pruebas de VIH dentro y fuera de las instituciones, e impedir la realización de pruebas en los exámenes preocupacionales. Por el mismo motivo que el punto anterior, pero apuntando a tener la mayor cantidad de personas diagnosticadas a tiempo.
-Reafirmar el acceso universal al tratamiento antirretroviral gratuito para los tres subsistemas de salud (público, privado y obras sociales), e incluir los tratamientos de coinfecciones, enfermedades oportunistas y patologías endócrinas metabólicas vinculadas al VIH.
-Asegurar la inclusión de la sociedad civil y de representantes de los grupos poblacionales afectados en una comisión asesora vinculante de la Dirección Nacional de Sida.
-Garantizar el acceso a la salud integral, no sólo en el aspecto médico sino en todos los que aseguran calidad de vida y permiten hacer efectivos los derechos que consagra la ley.
-Garantizar el cumplimiento de la Ley de Educación Sexual.
-Mantener el sistema de codificación vigente, siendo facultad del paciente utilizarlo o no. Este fue el punto que más polémica generó. La Ley 23.798 establece el derecho del paciente a mantener protegida su identidad, por eso se le asigna un código de identificación compuesto por letras y números. Algunas organizaciones plantearon que este método debe continuar, porque preserva la privacidad, y otras aseguran que, al ser el VIH el único caso en que se usa el código, la estigmatización es igual o mayor. El debate se zanjó permitiendo que cada persona decida si quiere usar el código o su nombre.
Precisamente, la Ley de Sida permitió, en la última década, que las organizaciones de la sociedad civil pudieran, junto al Estado, hilar muy fino en la localización de aquellos ciudadanos que no llegaban a hacer efectivos sus derechos por motivos ajenos a la normativa. Fabio Núñez, coordinador nacional del Área de Derechos Humanos y Sociedad Civil de la Dirección Nacional de Sida y ETS, lo explica: "Creamos un área de Derechos Humanos dentro del Ministerio de Salud pensado en que hay cuestiones sociales y culturales que obstaculizan el acceso a los derechos. La legislación argentina es de avanzada, pero generar la cultura de derechos significa una predisposición del Estado para hacerlos efectivos".
El ciclo de charlas llevó por título "Metas 90-90-90: ¿Una nueva Ley?". Las cifras hacen referencia a la meta "90-90-90" planteada por Onusida, que busca que para el año 2020, por lo menos el 90% de las personas con VIH esté diagnosticada en todo el mundo; que al menos el 90% de los diagnosticados esté en tratamiento; y que, de estos, por lo menos el 90% tenga el virus indetectable en sangre. Así, para 2030 se habrá controlado la epidemia y el VIH dejará de ser un problema grave de salud pública.
Alberto Stella, coordinador de Onusida para el Cono Sur, también participó de la serie de charlas y se muestra ambicioso con la consecución de esos objetivos: "La realidad argentina muestra que el 30% de los diagnósticos de VIH son tardíos; entonces es lícito preguntarse si, con una estructura de Derechos Humanos tan desarrollada, con leyes como las de Identidad de Género y Matrimonio Igualitario que le dan el ejercicio de la ciudadanía a personas que antes no lo tenían, con una infraestructura de salud pública como la existente, es lícito, digo, preguntarse quién es el ciudadano que llega tarde al diagnóstico y luego se muere. Con esta infraestructura, no se puede escapar."
Se estima que en la Argentina viven unas 110 mil personas con el virus, pero el 30% no lo sabe. El Ministerio de Salud de la Nación lleva adelante desde 2013 la campaña nacional "Elegí Saber", que busca estimular la realización del test de Sida y de infecciones de transmisión sexual. El test de VIH es voluntario, gratuito y confidencial y puede realizarse en centros de salud de todo el país.
La necesidad de modificar la Ley de Sida ha sido consensuada con la comunidad científica y la sociedad civil. Se abre, no obstante, un interrogante respecto de cómo tomará el próximo gobierno la cuestión. "Vamos a tener que hacer un fuerte activismo en las cámaras, porque teníamos hasta ahora un gobierno favorable a estas modificaciones, y ahora no sabemos cómo planteará las cosas la nueva gestión-dice Pedrola, de AHF-. Escuchamos a algunos referentes de la salud plantear objeciones al uso del preservativo, lo cual significaría retroceder dos décadas en la cuestión, pero aspiramos a que haya mejores canales de diálogo".
