En la cartera de Belén Morán, la joven asesinada el miércoles de 12 cuchilladas por su ex pareja en Pilar, fue encontrada la última orden de restricción perimetral contra el femicida, una medida judicial que obligaba al sujeto a no acercarse a menos de 500 metros.
La situación, a la que en las última horas se sumó otro hecho similar en la provincia de San Luis, es paradigmática de una alarmante problemática con fallas en el sistema de protección de víctimas de violencia de género, y se calcula que 7 de cada 10 agresores no respetan los "cercos perimetrales".
Así lo reveló al Diario Popular el abogado Julio Torrada, del Instituto Wanda Taddei, manifestando que "lo ocurrido en Pilar y San Luis, tan sólo teniendo en cuenta estos dos últimos hechos, nos enfrenta a una pasmosa realidad con hombres violentos que se creen dueños de las vidas de miles de mujeres operando con absoluta impunidad, derivación directa de un sistema que no las está cuidando y las continúa victimizando aún cuando cumplen con todos los protocolos".
La mañana del miércoles, Belén salió de la casa de su madre y fue atacada por Alberto Sebastián Moreno, a golpes primero y luego con puñaladas.
El peor de los puntazos fue en el cuello, con una profundidad de 12 centímetros. Murió al instante, mientras el agresor huyó, y sigue prófugo.
Belén había logrado salir del círculo de violencia, pidió ayuda y cumplió con todos los protocolos, sin embargo, el femicida la esperó, la emboscó y la mató.
"Todos los días tenemos casos de agresores que no respetan las órdenes perimetrales, con mujeres que sufren violencia psicológica, mediante insultos y amenazas, violencia física con golpes, o en casos extremos con intentos de femicidios, muchos que llegan a concretarse", señaló Torrada.
Al tratar de explicar las razones por las cuales las medidas judiciales no funcionan, el especialista dijo que "la realidad es que no hay capacidad operativa, en términos de cantidad de efectivos policiales, para cubrir la altísima demanda que conllevan las órdenes judiciales de restricción perimetral".
"Por ejemplo, sólo en la provincia de Buenos Aires se presentan en fiscalías y juzgados unas 350 denuncias cada jornada por episodios de violencia de género".
"Seguramente, de ese número global, una gran parte requiere de protección para las víctimas. Y no se puede cumplir".
"Hay muchas medidas que salen del Poder Judicial, pero son imposibles de llevar a cabo. En la práctica, es como si no existieran las medidas", opinó el letrado.
El pasado 15 de abril, la maestra jardinera María Eugenia Lanzetti, de 44 años, fue asesinada por su ex marido Mauro Bongiovanni, que utilizó un cuchillo para degollarla, en el interior del aula donde daba clases a niños de 5 años.
El hecho ocurrió en Córdoba, y el cadáver de la mujer tenía en una mano el botón antipánico que le habían brindado para "protegerse", más una orden de restricción perimetral, que claramente no funcionó.
"El gran problema con las medidas restrictivas es que la responsabilidad del cuidado y la prevención está en manos de la víctima, que tiene que ser la encargada de observar y avisar a las autoridades. Se la sigue victimizando", añadió.
"El foco tiene que estar puesto en los agresores, a ellos se los debe controlar de cerca. Porque, caso contrario, tenemos mujeres aterradas y agresores que andan libres, como quieren, planeando femicidios", cerró Torrada.
Cómo frenar el impulso violento
¿Es posible revertir la actual indefensión de mujeres que padecieron violencia de género, pidieron ayuda y, al estar desprotegidas, terminan sufriendo el peor rostro de la brutalidad machista?
"Los recursos del Estado para evitar femicidios deben volcarse a contener a los violentos que son potenciales femicidas. Tenemos que discutir cómo podemos frenar el impulso violento", explicó Julio Torrada.
"Hay lugares del mundo -agregó- en los que usan tobilleras para los violentos, los monitorean. Acá seguimos victimizando a las mujeres, que se la pasan en los juzgados, las comisarías o encerradas en sus casas por miedo, y ni así están seguras". (NA).-
