La diputada Emma Bargagna, autora del proyecto, ya había presentado una iniciativa similar en junio de 2012, que perdió estado parlamentario por no haber sido tratada en el lapso de dos años.
Los fundamentos
En el texto al que accedió esta Agencia, la abogada recuerda que el artículo 41º de la Constitución Nacional asegura a todos los habitantes de la Nación, el derecho a convivir en un ambiente sano, equilibrado, en el que las actividades que decidan realizar los gobiernos satisfagan necesidades públicas sin comprometer la salud, el hábitat y la vida de hoy y la de las futuras generaciones.
En tiempos de crisis es cuando el gobierno debe demostrar su capacidad de defender ante todo el interés general sin escapar al orden Constitucional y al cumplimiento de sus mandatos, dice la legisladora.
Durante 2008, la Convención reformadora de la Constitución Provincial incorporó por consenso unánime de todos los convencionales- al orden jurídico de nuestra provincia un plexo de garantías, deberes y derechos fundados en las particulares condiciones geográficas, sociales y productivas de Entre Ríos.
Esas nuevas normas constitucionales se relacionan entre sí de manera integradora, complementaria y cooperativa, conformando un programa que se debe traducir en políticas de Estado no sólo de coyuntura, sino de mediano y largo plazo-, a través de la cual se haga realidad el cuidado del hombre, la tierra y el agua que lo sustenta.
Bargagna menciona en particular, el artículo 22°, que considera un derecho humano básico vivir en un ambiente sano y equilibrado, consumir agua saludable, potable, y a que se asegure a cada habitante de Entre Ríos la continua disponibilidad del recurso (art. 85º) para lo cual la provincia, en tanto persona de Derecho Público, es principal responsable de su gestión y del permanente control de su uso sustentable (art. 85º) con el objetivo de evitar la degradación no sólo del agua sino también de los ecosistemas asociados (art.85º).
Por otra parte, la Constitución provincial exige al Estado fomentar la incorporación de fuentes de energía renovables y limpias (art.83 último párrafo) y establece, también, como exigencia de cumplimiento insoslayable, la obligatoriedad de adoptar medidas preventivas y precautorias del daño ambiental sea cual sea la intervención sobre la Naturaleza, cualquiera fuere la finalidad o la necesidad que la justifique, sin excepción (art. 83° in fine).
La legisladora advierte que estas mandas constitucionales constituyen parámetros orientadores, bases y límites para las acciones de gobierno y para la gestión de los funcionarios del Poder Ejecutivo provincial. Normas básicas de federalismo y distribución constitucional de competencias que, por otra parte, tampoco los funcionarios del Estado Nacional están autorizados a derogar, debido a que constituyen derivación lógica y razonada de los arts. 41°, 1º y 124º de la Constitución Nacional.
Un poco de historia
En agosto de 2012 presentamos ante esta Cámara de Diputados nuestro primer proyecto de ley pretendiendo se prohibiera el uso del fracking en territorio entrerriano, cuyo subsuelo se asienta en la roca madre, de la cual se extrae el gas no convencional, destaca la socialista.
Este proyecto durmió el sueño de los justos, perdió estado parlamentario y terminó en el archivo, como ha sucedido durante este período constitucional con la mayoría de los proyectos esenciales y necesarios formulados para la protección y defensa de la sociedad, el agua y los bienes comunes de los entrerrianos.
Mientras, en el país, a partir de Vaca Muerta, comenzó a correrse el telón del discurso y la puesta en escena para aparecer la verdad, -de imposible ocultamiento-, que se resume en pocas palabras: alto impacto destructivo para las economías y producción regional, desempleo y quebranto; gran compromiso y falta de agua potable y agua dulce; contaminación de napas y acuíferos; avasallamiento de los derechos de los pueblos originarios; afectación a la salud de la población, etc., entre otros efectos negativos.
Ha quedado claro, a pocos meses del uso intensivo del fracking, que el actual gobierno ha estado conteste en que Neuquén fuera transformado en territorio de sacrificio y que, con la anuencia de otros gobiernos provinciales, también una gran porción del sur de Buenos Aires, Río Negro o Mendoza, por ejemplo, se transformarán en páramos.
Bargagna explicitó que este proceso de entrega se ha visto facilitado gracias a la debilidad moral de gran parte del funcionariado facilitador y beneficiario, ubicado en lugares claves del Estado, que a través de los años ha ido constituyendo una nueva oligarquía.
La idea de que el modelo fracking pueda iniciar el camino de la recuperación de un sistema energético sustentable, económicamente hablando, choca de frente con la realidad, porque es precisamente el fracking el promotor de un camino sin vuelta en la economía energética.
Su efecto, de una alta tasa de eficacia inicial, -llamada productividad inicial- alcanza su nivel más alto en general durante el 1° mes de perforación del pozo. Pero, esta burbuja desaparece de inmediato y de modo estrepitoso, lo que hace que las empresas, para justificar la productividad, tengan que perforar más y más pozos.
Sin embargo, y pese a la agresividad de la intervención, otro elemento importante que marca la falacia del verso del fracking es la baja tasa de recuperación, técnicamente denominada eficiencia de recuperación, que, en el caso del gas no convencional, es del 6,5 por ciento, mientras que el del gas convencional es del 75-80 por ciento.
El fracking es causante de terremotos y uno de los factores más importantes de emisión de gases invernadero, determinantes del aumento de temperatura del planeta.
Nueva amenaza
Entre Ríos despertó a esta nueva amenaza a partir de 2010, en el que las mayorías de ambas Cámaras, siguiendo fielmente al Poder Ejecutivo Nacional (PEN), sancionaron la Ley Provincial de Hidrocarburos que permite y admite la utilización del sistema en territorio entrerriano.
Luego, durante el 2011-2012 sucedieron los viajes del gobernador, Sergio Urribarri, a Inglaterra para convencer al CEO de la empresa británica líder en el uso del fracking aceptara la invitación del PEN a presidir YPF para introducirlo en Argentina lo que así sucedió-.
Más tarde fue la firma de Urribarri en el Plan Nacional Hidrocarburífero y el acompañamiento e interés del oficialismo en compartir los nuevos negocios cortoplacistas generados por la aplicación del sistema en territorios locales, al punto de que varios precandidatos del FPV que se postulan para las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) y Generales de 2015, han incluido en sus propuestas las de abrir las puertas a esa tecnología extractivista en territorio provincial.
La abogada explica que sin desviarnos demasiado de las normativas constitucionales, afirmamos, con total convicción, que el fracking no se ajusta a los preceptos constitucionales vigentes nacionales y menos todavía a los provinciales.
Ante la embestida del gobierno nacional acompañado por el provincial, en asociación con las Corporaciones del Gas para el sometimiento de Argentina a una matriz energética que es el camino contrario al que debería orientarse Argentina ante el fenómeno del cambio climático, afirmamos con total convicción y certeza que la utilización del fracking para la obtención del gas no convencional y éste mismo en tanto recurso energético son incompatibles con el interés nacional y provincial.
Para Bargagna, corresponde levantar en Entre Ríos un vallado legal que impida la intromisión de esta técnica, debiendo el actual y los demás gobiernos provinciales recorrer el sabio camino que marca la Constitución reformada por la Convención del año 2008 tendiente al reemplazo de la matriz energética proveniente de combustibles de origen fósil por otra basada en energías limpias, renovables, seguras, de las que nuestra Patria cuenta en abundancia.
Energías renovables
Nuestra reforma constitucional de 2008, previendo la crisis energética que se avecinaba debido a la irreversible limitación de los combustibles fósiles (petróleo, gas) dejó indicado claramente que el Estado, a través de sus gobiernos cualquiera fuere su signo político- deben incorporar fuentes de energía renovables y limpias de las cuales Entre Ríos es dueña y potencialmente rica, a lo largo y ancho de todo su territorio.
Prohibir el fracking
Para la abogada socialista, es necesario que la Legislatura de Entre Ríos, manifieste enfáticamente su voluntad y decisión de impedir que se introduzca en el territorio provincial el método de extracción de gas no convencional conocido como fracking.
Por eso insiste con la propuesta, a la que considera básica y necesaria hoy, más que ayer, a la luz del avance de los acuerdos celebrados por el PEN y a tenor del contenido de los contratos y acuerdos suscriptos antes y después de haber conseguido la reforma de la Ley de Hidrocarburos, lo que ensombrece aún más el horizonte de devastación de los pueblos, el agua y las economías regionales. (AIM)
