Dentro de los planteos, que catalogaron como propositivos y no como una protesta o un reclamo, estuvo la necesidad de bajar la conflictividad y que exista mayor apego a la ley, además de poner sobre el tapete la necesidad de que haya más medios alternativos de solución de conflictos y que lleguen a los estrados los casos más complejos.
La distinción entre propuesta y protesta no fue casual. Una hora antes, los empleados judiciales junto a los demás gremios de la CTA se agolparon frente a la Casa de Gobierno en medio del paro nacional decretado por la central obrera reclamando más salarios y mejores condiciones laborales.
Por eso la distancia fue explicitada, lo que distinguió con claridad un acto y otro, tanto como las bolsas de residuos con que improvisadamente los trabajadores judiciales se protegieron de la lluvia de los sobretodos e impermeables que primaban en el encuentro de magistrados y funcionarios judiciales.
Pero el punto central de la exposición que realizó el presidente de la Asociación de Magistrados de Entre Ríos, Jorge Torres, fue la de que se ponga límites a la conflictividad social antes de que intervenga la Justicia, que sólo actúa con el daño ya consumado.
El acto, que inicialmente estaba previsto que se realizase afuera del Palacio de Tribunales pero que la lluvia persistente obligó a concretar en el hall del edificio, fue seguido de cerca por la plana mayor de la Justicia entrerriana, dentro de la cual se pudieron identificar a los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, en distintos lugares. Mientras el presidente del cuerpo, Daniel Omar Carubia, se ubicó en primera fila, Emilio Castrillón prefirió ubicarse bien atrás, donde apenas podía distinguirse su figura longilínea sobresalir por sobre las cabezas de los demás asistentes.
Otro de los planteos fue la necesidad de contar con un sistema judicial más “ágil y simplificado”, según apuntó Torres, que sostuvo su alocución con constantes referencias al documento marco de la FAM. En un tramo, sin embargo, hizo un aparte para leer la adhesión de la asociación de víctimas de delitos aberrantes de Entre Ríos (VIdaer) que no asistió pero envió una nota de apoyo.
Por su parte, el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Daniel Carubia, consideró la manifestación como “un punto de partida para empezar a conversar con seriedad sobre el tema seguridad”. “Queremos que se analice la propuesta presentada y que se convoque al debate para trabajar sobre estos temas”, señaló. Por otro lado, adelantó que “sin duda” se buscará que el Presupuesto 2010 contemple una partida de recursos más amplia para el Poder Judicial.
Carubia apuntó que su presencia en la manifestación responde a “la necesidad de apoyar una propuesta seria” para mejorar la labor de la justicia, la cual fue elaborada por la Federación Argentina de la Magistratura (FAM).
Si bien el presidente del STJ entendió que “no se puede decir que (la propuesta) sería la solución de todos los conflictos”, subrayó que “es un punto de partida para empezar a conversar con seriedad sobre el tema seguridad, y de buscar soluciones que apunten a dar solución al problema, y no meros discursos de campaña que no sirven para nada”.
En ese sentido, remarcó: “Queremos que se analice la propuesta presentada y que se convoque al debate para trabajar sobre estos temas”.
Presupuesto 2010
Por otro lado, Carubia comentó que “sin dudas” el Poder Judicial pretende que el Presupuesto 2010 contemple una suma de recursos más amplia para atender sus necesidades.
“Nosotros practicamos nuestro anteproyecto de presupuesto todos los años. Para septiembre estamos haciendo nuestras evaluaciones, a fin de presentarlo a más tardar en octubre, para que se integre al proyecto de presupuesto del Poder Ejecutivo”, explicó al respecto el magistrado.
“Esta tarea la vamos haciendo durante todo el año, sacando la estimación y la proyección de cuáles serán los aumentos en los gastos instalados y proyectados para el año siguiente”, aseveró por último a APF.
