El Plan Nacional de Prevención de Embarazo No Intencional Adolescente (ENIA) es la primera política pública que se plantea una intervención integral e intersectorial sobre el embarazo no intencional en la adolescencia, con articulación entre las áreas de salud, educación y desarrollo social. Según datos oficiales, 69.803 adolescentes de entre 15 y 19 años y 1.938 niñas menores de 15 tuvieron un hijo o una hija en 2018 -en los inicios del Plan ENIA-. Luego de tres años de implementación de la política fueron 46.236 las adolescentes de entre 15 y 19 años y 1.394 las niñas menores de 15 años que tuvieron un hijo o una hija. A su vez, mientras que en 2018, 7 de cada 10 embarazos en adolescentes de 15 a 19 años eran no intencionales, en 2021, la cifra bajó a 5 de cada 10. Y en menores de 15 años, la no intencionalidad pasó de 8 de cada 10 a 7 de cada 10 embarazos.
Además, se logró una reducción del 43% en la tasa de fecundidad de la franja de niñas que tienen de 10 a 14 años, donde la mayoría de las gestaciones, se presume, provienen de situaciones de abuso, coerción sexual o violación, lo que hace más compleja aun su prevención.
Impacto en Entre Ríos
A pesar de todos estos datos, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, anunció, la semana pasada, el “rediseño” del Plan ENIA, decisión que implicó el despido de 619 profesionales, de los cuales 70 realizaban su labor en las localidades entrerrianas de Gualeguaychú, Paraná y Concordia.
“Si las provincias quieren seguir con las contrataciones mencionadas, podrán hacerlo bajo su propia evaluación y solvencia”, se comunicó oficialmente. Y se informó que, a pesar del vaciamiento que implica dar de baja la contratación de las profesionales que ejecutaban el plan, “desde el Ministerio de Salud de la Nación se va a continuar con el desarrollo del Plan, a través de su rol rector y desde una mirada integral, mediante el seguimiento, control y la compra de insumos”.
En este marco, ElArgentino dialogó con la docente Raquel Wendler, formada en sexología educativa, ex responsable del programa provincial ESI y referente en la temática. “El Plan ENIA es de una ingeniería casi única como experiencia en territorio. Tiene una complejidad importante porque abarca a tres grandes ministerios, aunque algunos ahora son secretaría, Desarrollo Social, Educación y Salud. El propósito es la prevención y disminución del embarazo no intencional adolescente”, explicó.
“Además del trabajo interministerial, la fortaleza del Plan ENIA es la territorialidad, en el trabajo en instituciones y en espacio comunitarios. Estuvo destinado a adolescentes escolarizados en escuelas secundarias de gestión pública y en Entre Ríos se implementó en tres departamentos: Paraná, Gualeguaychú y Concordia. Cuando hablo de departamento, hablo de las ciudades y de la ruralidad. Eso fue lo novedoso y lo que yo sigo insistiendo que se debería sostener en todas las políticas públicas, porque Entre Ríos tiene un gran porcentaje de ruralidad y nadie lo pone como prioritario”, apuntó la referente en Educación Sexual Integral.
Fue durante el gobierno de Mauricio Macri que se comenzó a implementar el Plan ENIA y luego se continuaría en la gestión de Alberto Fernández. Pero -según explicó Wendler- el financiamiento no vino del Ejecutivo nacional, sino del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano (PNUT), desde el 2018 hasta el 31 de diciembre del 2023.
“Nosotros trabajamos con escuelas secundarias de gestión estatal y después en espacios comunitarios. Quienes acceden son las personas de clase media y baja, los más pobres. El embarazo de una chica de 17 años, que sale de una vivienda donde la economía es de subsistencia, implica que ese bebé va a nacer en esas condiciones y esa mujer no podrá seguir estudiando, formándose, porque deberá ser cuidadora de ese bebé”.
“Pensemos en la paternidad. Tendremos un varón que va a asumir su paternidad, pero ¿seguirá la escuela’? ¿cómo se incorporará al mercado de trabajo? ¿será capaz de asumir tamaña responsabilidad a los 16, 17 o 18 años?”, se preguntó Wendler.
Por otro lado, respecto al tan mentado “gasto del Estado”, argumentó: “Un embarazo temprano es una bomba de hormonas, es un embarazo de riesgo, tanto para la joven embarazada como para el hijo o hija que se está gestando. Es de esperar que haya complicaciones en el embarazo y en el parto. Eso es gasto para el Estado, aunque parezca horrible plantearlo así, esas personas van a atenderse en la salud pública, que deberá pagar esa cesárea y la atención de ese bebé y su madre”, explicó la profesional. Quien, por último, dijo tener la “esperanza de que todo esto se aclare y el plan continúe, ¿por qué? Porque se va a imponer la realidad, van a empezar a aparecer emergentes horribles, que siempre movilizan y generan acciones”.
“Creo que, como están planteadas las coas, la única posibilidad que hay actualmente para que eso suceda es que la provincia sea quien lo lleve adelante”, finalizó. Fuente: (ElArgentino)
