Política Fue desestimada la apelación

La Justicia ratificó que el Gobierno debe restablecer pensiones por discapacidad

Luego de que la jueza federal Viviana Piñeiro se pronunciara a favor de un amparo colectivo solicitado por una particular y de que la decisión fuera apelada por el Gobierno nacional, la justicia desestimó el pedido del oficialismo.
La iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social de dar de baja pensiones no contributivas de invalidez sufrió un nuevo revés en los tribunales. Luego de que la jueza federal Viviana Piñeiro se pronunciara a favor de un amparo colectivo solicitado por una particular y de que la decisión fuera apelada por el Gobierno nacional, la justicia desestimó el pedido del oficialismo.

El pronunciamiento de la titular del juzgado federal de la seguridad social N° 10 surgió el mes pasado a raíz de una presentación de Dora Haydée Ortiz, de 82 años, en representación y como curadora de José Carlos Giménez, su hijo de 43 años, y de todas las personas con discapacidad beneficiarias de pensiones no contributivas cuyo subsidio fue suspendido, quien solicitó la declaración de inconstitucionalidad de la disposición 549, del artículo 9° de la ley 18.910 y del decreto 432/87.

Ortíz inició el proceso judicial con un amparo en julio de este año, luego apoyado y extendido a nivel nacional por el precandidato a senador nacional Sergio Massa y el precandidato a diputado nacional Daniel Arroyo.

Este jueves la Justicia desestimó la apelación del Gobierno Nacional a la medida cautelar presentada por los referentes de 1País para frenar la quita de los subsidios, por lo que el Ministerio de Desarrollo Social se vio obligado, en un primer caso, a restablecer la pensión que cobraba Ortíz.

Tras conocerse la resolución, Sergio Massa quiso destacar que "hay más de 70 mil familias que necesitan de ese pequeño aporte del Estado para subsistir, porque la plata cada vez alcanza menos. Y al Gobierno eso no lo importó, cuando no tuvo problema en cortar de un saque las pensiones".

A mediados de junio, el Poder Ejecutivo anunció que revisaría 70 mil pensiones. La decisión generó una fuerte polémica y obligó a la titular del área, Carolina Stanley, a retractarse públicamente.

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