La iniciativa fue presentada el pasado 14 de julio y tiene giro a la Comisión de Legislación General, que preside Daniel Lipovetzky (Pro). Según se desprende de los fundamentos, basados en artículos periodísticos, el "objetivo fundamental" es "preservar la salud de la población regulando la actividad que desarrollan las peluquerías a lo largo y ancho del territorio nacional".
La columna vertebral del proyecto es la creación de un Colegio Profesional de Peluqueros y Peinadores, que tendría a su cargo el control del ejercicio de la profesión y actividad, como así también el otorgamiento de las matrículas en todo el territorio nacional, con la posibilidad de crear también delegaciones provinciales.
Ese Colegio estaría integrado por un Consejo Directivo; un Tribunal de Ética y Disciplina; una Asamblea de Delegados; y una Comisión Revisora de Cuentas.
El texto define al peluquero como "toda persona que en forma normal, habitual y onerosa, realiza su labor en cuestiones físicas y estéticas en los miembros superiores de terceros"; y al peinador como quien de la misma forma "realiza el desenredo, composición y limpieza del cabello".
La propuesta de Olmedo también fija una serie de requisitos para el ejercicio de la profesión, entre los que se destaca la inscripción en una matrícula profesional otorgada por el Colegio de Peluqueros y Peinadores, y contempla sanciones disciplinarias para quienes no cumplan con la ley.
Además, obliga a estos profesionales a contratar un seguro de caución, y, entre los puntos más insólitos, establece que deberán guardar secreto profesional -al igual que, por ejemplo, médicos y abogados- ante a sus clientes.
Por último, en una de las cláusulas transitorias, se ordena constituir una Comisión Normalizadora con un mínimo de siete miembros encargada de la organización inicial del Colegio.
