El viernes último, la CIDH solicitó el "arresto domiciliario" e incluso la libertad con fiscalización electrónica para Milagro Sala. En su resolución, el organismo pidió que se tomen "las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal" de la dirigente jujeña
Milagro Sala permanece desde enero de 2016 en prisión preventiva y, según ratificó el organismo de Derechos Humanos, dicha detención es considerada como "arbitraria". "Tomando en cuenta la excepcionalidad de la prisión preventiva, y el agravamiento de la situación riesgo a la vida e integridad personal como resultado de las particularidades que tiene la continuidad de la privación de libertad de la beneficiaria, así como los presuntos hostigamientos que habría enfrentado y la necesidad de salvaguardar tales derechos, las autoridades competentes adopten, a la luz de los estándares descritos, medidas alternativas a la detención preventiva, como el arresto domiciliario, o bien, que la señora Milagro Sala pueda enfrentar los procesos en libertad con medidas como la fiscalización electrónica", dice uno de los párrafos del fallo de la CIDH.
Quien dio señales sobre la posible salida de la cárcel de Milagro fue el propio gobernador Morales, arrinconado por la CIDH, quien a través de su cuenta de Twitter expresó este domingo: "No comparto que la @CIDH otorgue el privilegio de prisión domiciliaria a corruptos aunque sus cautelares son obligatorias #MilagroSala".No comparto que la @CIDH otorgue el privilegio de prisión domiciliaria a corruptos aunque sus cautelares son obligatorias #MilagroSala
— Gerardo Morales (@MoralesGerardo1) 30 de julio de 2017
Al respecto, la abogada de la dirigente, Paola Álvarez Carreras, puntualizó ante la agencia Télam que "el Estado argentino tiene quince días para dar cumplimiento a lo que dice la resolución que, entre sus considerandos, habla sobre la detención arbitraria de Milagro Sala como lo había manifestado anteriormente la ONU".