Según Clarín, la decisión de aplazar el tratamiento del nuevo régimen de responsabilidad juvenil -en el Gobierno insisten en quitar la palabra "penal" para no herir susceptibilidades- tiene que ver con la estrategia oficial de analizar al máximo cada iniciativa de gestión para no cometer "errores no forzados".
En cuanto a la letra del proyecto elaborado por el Ministerio de Justicia de Germán Garavano no hay mayores objeciones, más allá de algún contrapunto interno porque hay quienes piden penas más duras. En principio, se establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, pero con un sistema de escalas que prevé pena de prisión para esos chicos sólo cuando se trata de los delitos más graves, como homicidio, violación y secuestro. En tanto, a los 15 años, los jóvenes también deberán responder con la privación de la libertad ante robos con armas de fuego y secuestros.
El proyecto prevé un sistema de escalas. A los 14 años, los chicos serán imputables sólo por delitos de homicidio. Al cumplir 15 años, deberán responder ante casos de robo calificado, violación y secuestro. En todos los casos, se les podrá aplicar una pena de hasta 15 años de prisión. Para los mayores de 16 años, las penas serán similares a las de un adulto, salvo que se dejará explicitado que no podrán recibir la pena de cadena perpetua.
El Gobierno también quiere que el Estado dé respuesta ante casos de inimputabilidad de menores de 14, como es el de "El Polaquito": aunque seguirán siendo inimputables, se dispondrá la conformación de equipos interdisciplinarios, compuestos por médicos, asistentes sociales y psicólogos; que evaluarán la situación socioambiental de cada chico y trazarán programas de contención.
Institutos de menores con estándares de calidad: el proyecto establece que los lugares donde sean alojados los jóvenes deberán cumplir con varios requisitos, para evitar que se transformen, como ocurre hoy, en "universidades del delito". Contarán con módulos según edad, tipo de delito cometido y situación procesal. Y dispondrán de programas de educación y capacitación para inserción laboral.
La implementación de la ley arrancará un año después de sancionada. En ese período se capacitará a las partes que deberán aplicar el nuevo régimen y se acondicionará los centros de detención.
