En la norma se prescribe la edad de la población (mayores de 60 años) y los medicamentos comprendidos (los esenciales a toda preparación o producto farmacéutico empleado para la prevención, diagnóstico y/o tratamiento de una enfermedad o estado patológico que cubren las necesidades de atención de salud de las personas mayores), previendo también garantizar la provisión y el acceso gratuito a esos productos esenciales para las personas mayores que se asisten en los servicios públicos de salud o a través del PAMI.
Dentro de los objetivos del proyecto, también está "garantizar la cobertura, promover la equidad y mejorar las condiciones de salud de las personas mayores facilitando el acceso gratuito a los medicamentos esenciales".
Asimismo, la norma contempla medidas para "evitar el desabastecimiento de medicamentos esenciales a través del uso de todas las herramientas e instrumentos con los que cuenta el Estado para salvaguardar el derecho a la salud de las personas mayores".
El proyecto también considera el impacto de la producción de medicamentos en la industria y la ocupación: "Deberá promoverse la producción de los medicamentos esenciales para las personas mayores a través de la red de laboratorios de producción pública". Y ordena a la autoridad de aplicación que "la adquisición de medicamentos se haga a laboratorios de producción pública y/o de producción nacional", considerando además la "inclusión de nuevos puntos de distribución de acuerdo a las necesidades locales de acceso a los medicamentos, atendiendo a las particularidades de cada región".
Gabriela Estévez fundamentó la iniciativa en dos razones: "Primero, la decisión del Gobierno nacional de reformar el PAMI, recortando los beneficios con los que contaban sus afiliados y afiliadas (lo que se sumó al cuestionable desmantelamiento del programa REMEDIAR); y segundo, la pérdida de la capacidad adquisitiva de las jubilaciones y pensiones como resultado de un acelerado proceso inflacionario que afecta particularmente a los rubros de alimentos, servicios y farmacia".
La legisladora cordobesa crítico las medidas adoptadas por Cambiemos "que afectan ostensiblemente las prestaciones", indicando que "el ajuste realizado en el PAMI, vuelve a poner a las poblaciones más vulneradas en situación de riesgo por no poder acceder a los medicamentos que necesitan". Y resaltó cuál es en su opinión el sector que se beneficiará con estas decisiones: "Una vez más la beneficiada con esta medida será la industria farmacéutica, dado que al tratarse de una demanda inelástica es de esperar que las dificultades en el acceso de la población no se correspondan con una disminución en sus ganancias".
La diputada nacional también advirtió sobre la "gravedad" de la situación, en tanto se trata de "personas mayores, que suelen destinar más de la mitad de sus ingresos en salud". Y, contextualizando el problema "en la crisis social que sobrevino a las políticas neoliberales del gobierno de Cambiemos, se hace necesario y urgente avanzar en una ley de emergencia que garantice el acceso a los medicamentos esenciales a todas las personas mayores de la República Argentina", finalizó.
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