Así, Fabián Monzón, secretario adjunto de sindicato y uno de los siete directores del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper); José Zarza y Guillermo Barreira, recuperaron la libertad con restricciones tras su detención aquel miércoles, cuando también fueron detenidas, pero recuperaron ese mismo día la libertad, la secretaria gremial, Carina Domínguez, y Zunilda Suárez. La audiencia se realizó ayer a las 10.30 en el Juzgado de Diamante, y terminó cerca del mediodía.
Con esta decisión, Vergara dejó sin efecto el arresto domiciliario por 15 días que gozaban los tres dirigentes, dictado el viernes 9 de junio, cuando también dispuso la libertad de Domínguez y de Suárez.
El gobierno entrerriano y los dos sindicatos que agrupan a los trabajadores del Estado provincial, acordaron el lunes 9 una recomposición salarial del 23% y elevar el salario mínimo de 9.600 pesos a 12.000 pesos, desde agosto.
En la reunión, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) firmó el acuerdo, considerándolo insuficiente, pero UPCN se negó en repudio a la detención de sus tres dirigentes, por lo que el acuerdo no podrá entrar en vigencia hasta que el sindicato lo firme.
Sobre la audiencia
Marcos Rodríguez Allende, defensor de los tres dirigentes, precisó que "hoy (por ayer) a la mañana, a pedido de la defensa técnica de los tres delegados de UPCN, Monzón, Zarza y Barreira, por lo ocurrido en el Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante, con la directora del establecimiento, el juez Vergara dictó la libertad ambulatoria de los tres sindicalista, que estaba con arresto domiciliario".
El letrado añadió que "la defensa expuso los argumentos por los que entendíamos debía cesar la medida; por su parte, el fiscal Gamal Taleb sostuvo que por disposición del Procurador, la idea del Ministerio Público Fiscal (MPF) es que permanezcan detenidos hasta que la Investigación Penal Preparatoria (IPP) termine. No obstante, el magistrado entendió que los imputados colaboran con la investigación, y tras escuchar los argumentos de esta defensa y de Fiscalía, terminó accediendo a nuestro pedido".
Las imputaciones
Se los acusa de pretender obligar, bajo amenazas, a la directora del nosocomio a reintegrar a su puesto a una enfermera, delegada de UPCN, cuyo contrato fue dado de baja desde el 1º de junio.
El escándalo también alcanzó a quien era ministro de Salud de la provincia, Ariel De la Rosa, que renunció a la cartera. De la Rosa, hombre de confianza del secretario general de UPCN, José Allende, también fue imputado como coautor del delito de Coacciones.
